“Fracking”, controversia técnica y política

La discusión sobre el fracking es técnica y política. Es una mezcla, donde los políticos rescatan argumentos técnicos y los técnicos suministran información a los políticos. La Comisión Interdisciplinaria Independiente, convocada por el Gobierno de Colombia en octubre de 2018, que entregó su recomendación en abril de 2019, no dijo sí ni dijo no al fracking. Recomendó investigar, conocer, evaluar y tomar determinaciones. Como parte del proceso propuso los proyectos plotos de investigación integral, entendidos como proyectos exploratorios de investigación, controlados, transparentes y con verificación independiente (PPII).

Para avanzar con los PPII, el Gobierno debe establecer una reglamentación particular para proyectos de investigación. A partir de ella, y en respuesta a las entidades interesadas en la licencia ambiental, la ANLA deberá establecer términos de referencia para la elaboración y ejecución de los estudios de impacto ambiental y el diagnóstico ambiental de alternativas. Los interesados deben avanzar con los estudios y, según la información recopilada y presentada, la ANLA evaluará y definirá si otorga o no la licencia ambiental, y en caso afirmativo, cuáles son las condiciones que establece para avanzar en la ejecución de los PPII. Toda esta información debe ser de acceso público.

Según la recomendación del Comité Interdisciplinario (https://energiaevoluciona.org/expertos), previo al inicio de los PPII se deben cumplir ocho condiciones, las cuales deben ser verificadas según un proceso de seguimiento y evaluación adelantado por un comité independiente con participación de la sociedad civil.

El Ministerio de Minas y Energía acaba de publicar y poner a consideración de la ciudadanía una propuesta de reglamentación para la ejecución de los PPII (www.minenergia/proyecto de decreto PPII) y ha convocado a una reunión especial el próximo 16 de enero para recibir directamente comentarios de la ciudadanía. Es tiempo de revisar la propuesta y proponer ajustes.

Según un comunicado del Minenergía (diciembre 2019), titulado “Transparencia, diálogo territorial y fortalecimiento institucional, condiciones esenciales en «proyectos pilotos de investigación integral» en yacimientos no convencionales”, durante todas las etapas de los PPII se asegurarán la transparencia y el debido acceso a la información pública, así como el fortalecimiento institucional de todas las entidades involucradas. Se contempla la creación de un centro de transparencia, un plan de monitoreo ambiental participativo y diálogos territoriales para involucrar a la ciudadanía y a la comunidad en el seguimiento de los PPII. Igualmente, el Minenergía ratifica que los PPII se ejecutarán en tres etapas: condiciones previas, exploración y monitoreo, y evaluación.

Si se ejecutan los PPII, su evaluación se dará en un contexto local, regional y global, donde nuevas variables tendrán mucho peso. Será una evaluación y una determinación que, sin ignorar argumentos técnicos, estará definida por la política. Una determinación que debe relacionar aspiraciones locales, propósitos nacionales y compromisos internacionales.

Hoy es prematuro decir si Colombia hará o no fracking comercial. Primero investiguemos, conozcamos mejor nuestro ambiente y las implicaciones del fracking sobre nuestros ecosistemas y nuestro bienestar y el del planeta, para tomar así una determinación ilustrada. La evaluación costo-beneficio integral que debemos adelantar al final de la etapa tres ayudará a tomar la mejor determinación. Los pesos relativos de costos y beneficios estarán mediados por la política y por grupos de interés. Es una oportunidad para definir como país sobre algo de interés público, que tendrá múltiples efectos con interpretaciones contrarias y diversas, por eso la discusión está abierta y es dinámica.