Lo que denominé el mico nativo de la Ley de Páramos (El Espectador, junio 4 de 2018), que con el artículo 26 modifica el artículo 223 de la Reforma Tributaria (Ley 1819/2016) y reasigna los recursos recaudados por el impuesto al carbono, ha generado diversas reacciones de funcionarios del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y, desde luego, de la ciudadanía interesada en una mejor gestión ambiental.
De manera aireada, el viceministro de Hacienda ha salido a los medios de comunicación a decir que Minhacienda no le está quitando recursos a la gestión ambiental. Se entiende su reacción, después de haber dicho a los cuatro vientos, incluyendo los de la OCDE y la banca multilateral, que la reforma tributaria del 2016 tenía importantes contenidos que apoyaban la gestión ambiental y que, en tal aspecto, era una reforma pionera.
Lamentablemente, a pocos meses de empezar a recaudar el impuesto, la reasignación de los recursos del impuesto al carbón debilita la gestión ambiental, máxime cuando, en el 2018 y por decisión de Minhacienda, el ambiente fue uno de los cuatro sectores que sufrió mayores recortes presupuestales.
No es un mico nativo, es un orangután internacional que genera indignación y vergüenza. Minambiente, en su informe de Mayo (2018) sobre El estado de avance y retos claves para el ingreso a la OCDE, dice que “la inclusión en la reforma tributaria de un impuesto al carbono financiará proyectos ambientales para reducir la deforestación, promover la agricultura sostenible, reducir la erosión costera y ayudar al país a adaptarse al cambio climático”. De hecho, la Ley 1819 establecía el destino específico de los recursos del impuesto al carbono: “Se destinarán (…) de acuerdo con los lineamientos que para tal fin establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.
Sigue a El Espectador en WhatsAppEste mandato de ley es obligatorio y totalmente independiente del fondo que los administre. ¡Sin embargo, el orangután le quitó el 70 % de los fondos de este impuesto al ambiente: solo le dejó 5 % a Parques Nacionales y 25 % a otros temas de gestión ambiental, que serán asignados a juicio del Minhacienda! Con esto están cambiando el Estatuto Tributario. De $613.000 millones que ha recaudado la DIAN, de mayo 2017 a mayo 2018, sustraen 429.000 millones. Es decir, más que los recursos totales asignados por el Presupuesto Nacional, en 2017, a Minambiente, la ANLA, el Ideam, el Humboldt, el Invemar, el Sinchi y Parques Nacionales. ¡Y más del doble de lo asignado en 2018 a esas mismas entidades!
Los lineamientos para la inversión, ahora, los dará el Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz. Y, en un intento por no quedar tan mal, el Gobierno dice que el Ministro de Ambiente se integrará a dicho Consejo. Esto es muy distinto que destinar los recursos como lo dice la Ley 1819, según los lineamientos que para tal fin establezca el MADS.
Minambiente está tan debilitado, que ya ni defiende su presupuesto. Estoy de acuerdo con que es prioritario financiar la implementación del Acuerdo de Paz, pero no restándole presupuesto a la gestión ambiental que, con la paz, son ejes del presente y futuro del país.