Estamos viviendo una crítica y desastrosa etapa en la vida nacional. Para superarla se requiere el trabajo conjunto de todos, sin distingo de partido político ni ideologías. Para que Colombia sea viable tenemos que gestionar un país donde se respete la vida humana y donde la defensa de la naturaleza no signifique un riesgo de vida.
Bajo ninguna circunstancia se puede aceptar que para resolver una diferencia se opte por acabar con la vida del otro. La inoperancia de la justicia y la carencia de gobierno está llevando a un masivo irrespeto por la vida humana y por todas las formas de vida en nuestro país. Hoy, quien viola la ley lo hace sin temor al castigo; no hay garantía de sanción para los criminales.
No es solo la confrontación entre la extrema izquierda y la extrema derecha lo que hoy explica los actos violentos en Colombia. La violencia ha llevado al asesinato de defensores del territorio y la naturaleza que protegen espacios de importancia local aislados de la política nacional, actos en muchos casos adelantados por la delincuencia común. Son asesinados porque, al defender la naturaleza y su espacio, se están interponiendo en el camino de una persona natural o en los intereses de algún grupo pequeño, mediano o grande. Para resolver la oposición se opta por asesinar. Corre peligro la vida de quien defiende el hábitat de un oso, un bosque de frailejones o las rondas de una cuenca. El viernes pasado fue asesinado en el área del Parque Nacional de los Nevados Carlos Arenas Salinas, conocido por los montañistas como Cejas. Según los vecinos, todo apunta a una acción de delincuencia común y no de grupos armados organizados.
Cejas era un líder campesino que trabajaba en una hacienda llamada África. Allí combinaba el trabajo en la finca con la conservación del páramo. Era guía de la llamada “Ruta del Cóndor”, un camino ecoturístico con el que se está impulsando el conocimiento y la defensa del ecosistema del páramo y la conservación del agua.
Sigue a El Espectador en WhatsAppSegún El Nuevo Día (09/11/2019), algunos allegados dijeron que, hace dos meses, Carlos había interpuesto una demanda ante Cortolima por el corte de unos árboles en cercanías del páramo. Cortolima actuó y decomisó la madera; desde ese momento Carlos fue amenazado y ahora está muerto.
No es posible que así se resuelvan los conflictos ambientales. Según Global Witness —una organización internacional que hace seguimiento a los homicidios de líderes ambientales y defensores de la tierra—, Colombia fue en 2018 el país de toda América donde se asesinó el mayor número de defensores de la naturaleza y del ambiente. En 2019, las cosas siguen muy mal y lo ocurrido a Carlos muestra que hay urgencia para actuar.
No puede ser que, por denunciar un delito ambiental, se asesine a una persona. La justicia no opera y la impunidad ha llevado a que ocurran hechos tan atroces como este. En un país medianamente civilizado esto no pasa y, si llegase a pasar, los asesinos son ubicados y condenados.
No podemos aceptar que se asesine a quienes defienden la naturaleza y el territorio. Ambientalistas, montañistas y caminantes exigimos justicia.