Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El pasado 5 de agosto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó en audiencia pública la rendición de cuentas para dar a conocer su perspectiva de la gestión del sector ambiente en el primer año del gobierno Duque.
Se siente el compromiso, por parte de los funcionarios de las entidades públicas ambientales del ámbito nacional, de los institutos de investigación y de algunas Corporaciones Autónomas Regionales, de cumplir con su misión institucional. Simultáneamente, debido a la precariedad en la asignación del Presupuesto General de la Nación (PGN), es evidente que la gestión ambiental y los retos de sostenibilidad aún no tienen la prioridad que les corresponde. Los recursos del PGN asignados para el 2019 son un 10 % inferiores a los asignados en el 2018, monto que ya era muy bajo y que solo representó el 0,3 % del PGN de ese año. Esta baja asignación presupuestal, para un país tan dinámico y frágil en términos ambientales, genera desastres sociales, económicos y ecológicos.
Los problemas ambientales del país son recurrentes y, como lo señala la OCDE en el “Análisis ambiental del país” (2014), el proceso de desarrollo en Colombia carece de sostenibilidad ambiental y equidad, y se caracteriza por profundos desequilibrios territoriales. Esto se acentúa con la propuesta extractivista que guía la economía colombiana.
Si queremos avanzar por la senda de la sostenibilidad, es necesario un gran esfuerzo desde el PGN y coordinación de los presupuestos regionales provenientes de otras fuentes, para asegurar que el gasto público ambiental esté al menos al nivel del invertido en los países de la OCDE, es decir, entre el 1 % y el 2 % del PIB. En Colombia, desde el 2010 hasta la fecha, el gasto anual total en gestión pública ambiental ha estado cercano al 0,6 % del PIB, y la proporción del PGN asignado al SINA (Sistema Nacional Ambiental) ha girado alrededor del 0,3 % (Rudas, 2019).
Si no queremos vivir el desastre de la insostenibilidad y pagar un alto precio por los efectos negativos de la variabilidad climática, es apremiante que Colombia incremente el monto y la eficiencia del gasto público ambiental. Somos un país rico en biodiversidad, pero de una gran fragilidad ecosistémica. Esto, que nos hace especialmente vulnerables frente al cambio climático, se acentúa por la dinámica de sectores como infraestructura, minería, agroindustria y ganadería, cuyos procesos de crecimiento y expansión requieren gestión y manejo ambiental. Sin fortalecimiento financiero para el SINA será imposible orientar el desarrollo por la senda de la sostenibilidad.
Durante la audiencia, se hizo evidente la voluntad de los funcionarios de hacer lo máximo posible, con el precario presupuesto asignado. Pero esto no es suficiente. Es el momento de ponernos a tono con los países de la OCDE. Dos ejemplos deficitarios: nuestra matriz energética, aunque presenta avances en términos de fuentes renovables alternativas, está muy por debajo de países como Chile, Perú o Brasil; en deforestación, mientras el mundo está empeñado en restauración y reforestación, nosotros aún talamos casi 200.000 hectáreas anuales de bosques naturales.
Gobierno, ciudadanía y sector privado tenemos la obligación de asumir nuestra responsabilidad y cambiar de actitud. De lo contrario, el costo será muy alto y muchos procesos serán irreversibles.
Conoce más