Colombia, el país laico del Sagrado Corazón

Ese chauvinismo religioso es de vieja data. En el himno nacional de Rafael Núñez, la unanimidad alcanza a toda la especie Homo sapiens: «La humanidad entera, que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz». El problema de la estrofa no es la cursilería. También es su ignorante pretensión de universalidad: olvida que la humanidad, en su gran mayoría, no es ni ha sido cristiana y no tiene por qué reconocer en una superstición particular una revelación universal.

Los católicos pueden seguir venerando al Sagrado Corazón. Lo que no pueden hacer es obligar al Estado a venerarlo en nombre de todos. A nadie se le prohíbe rezar. La decisión de la Corte Constitucional se limita a recordar que la República también pertenece a musulmanes, judíos, ateos, bautizados y no bautizados, circuncidados e incircuncisos, homosexuales, heterosexuales y transexuales, fascistas, comunistas y miembros de la logia del espagueti volador.

Pero lo que sale por la puerta principal puede regresar por la sacristía. Los nombramientos del actual gobierno obligan, por lo menos, a preguntarse si Colombia no está ante un retroceso. Una iglesia no necesita instalar un altar en Palacio cuando un sacerdote termina sentado en las mesas donde se toman las decisiones.

Según informó Cambio, el Gobierno de Abelardo de la Espriella designó, mediante el Decreto 1310 del 25 de agosto, a sus representantes en los consejos superiores de 14 universidades públicas. El padre Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella, capellán de la Casa de Nariño, quedó como delegado en cinco: la Nacional, la Pedagógica, Antioquia, el Valle y el Atlántico. Cinco universidades para un mismo sacerdote que, por inescrutables designios de la Providencia, resultó además compartir el apellido del presidente.

En materia de educación, el panorama tampoco invita al optimismo. A Viviane Morales, figura de la política evangélica conservadora, le sucedió Ilva Myriam Hoyos, antigua decana de Derecho de la Universidad de La Sabana, asesora de la Conferencia Episcopal y conocida por sus posiciones contra el aborto y el matrimonio igualitario. Curiosa manera de entender el pluralismo: alternar entre iglesias la dirección de un ministerio que, huelga recordarlo, también pertenece a quienes no pisan ninguna.

A esto se suma la intención anunciada de ampliar la participación de organizaciones privadas y religiosas en la educación pública. Entregar la administración de una escuela a una organización religiosa no equivale, jurídicamente, a permitir que esta la convierta en un instrumento de evangelización. Pero obliga a preguntarse quién vigilará los contenidos, cómo se protegerá a los estudiantes que no compartan el credo del administrador y qué ocurrirá cuando la evidencia científica contradiga sus convicciones.

¿Dónde estará el límite? En el ámbito científico, ¿qué se les enseñará a los niños? ¿Que la Tierra tiene 6.000 años; que Noé embarcó en un arca a toda la fauna del planeta, desde pulgas hasta elefantes; que los hombres convivieron con los dinosaurios; que el Tyrannosaurus rex y los leones eran vegetarianos antes de que Adán y Eva pecaran, como sostiene Answers in Genesis; que millones de fósiles, estratos geológicos y dataciones radiométricas pueden descartarse como simples errores de interpretación; y que Darwin no formuló una de las ideas más fecundas de la ciencia moderna, sino una coartada intelectual para pecadores ateos que necesitaban deshacerse de Dios?

¿Y habrá que enseñar también que, cuando un diagnóstico prenatal revela una enfermedad genética devastadora y permite prever para el niño una vida de sufrimiento extremo, la mujer debe ser obligada a continuar con el embarazo porque una doctrina religiosa así lo ordena, aunque ella no comparta esa religión?

No se trata de una discusión abstracta. En 2015, Ovidio González, de 79 años, padre del célebre caricaturista “Matador”, padecía un cáncer que le había destruido el rostro y le impedía comer y dormir sin dolor. Pidió morir dignamente. El entonces procurador general, Alejandro Ordóñez —ese Torquemada de la moral ajena—, intentó impedir que ejerciera su derecho a la eutanasia. A Ovidio, además de soportar el cáncer, le habría tocado pedir permiso al inquisidor para morir con dignidad.

El artículo 68 de la Constitución dispone que nadie puede ser obligado a recibir educación religiosa en los establecimientos del Estado. El artículo 18 protege la libertad de conciencia. Esos derechos no son favores que un gobierno pueda retirar mientras restaura los «valores de la patria» al grito de «¡Viva Cristo Rey!». La libertad de conciencia no es una indulgencia presidencial. Es un derecho constitucional y, precisamente por eso, un límite al poder.

Y como la fe mueve montañas —y no pocas veces montañas de dinero—, la condición religiosa del beneficiario exige exactamente los mismos controles que los de cualquier otro contratista. Una Biblia sobre el escritorio no sustituye una auditoría.

No encuentro nada digno de burla en quien busca consuelo en una iglesia, reza junto a la cama de un enfermo o espera volver a ver a sus muertos. Esa necesidad humana merece respeto. Mi desprecio se dirige a quienes descubren en ella una oportunidad comercial y luego pretenden que el respeto debido al creyente se extienda también a sus negocios, privilegios y ambiciones políticas.

Hace unos años, De la Espriella se declaró ateo sin rodeos: «No creo en nada que la razón no pueda explicar». Ahora asegura que encontró a Dios hace unos cinco años. Las conversiones sinceras existen, desde luego. París bien valía una misa; la presidencia, acaso dos.

La cercanía del presidente con el Altísimo parece, en todo caso, fuera de toda duda. Al referirse al terremoto de agosto, explicó: «Él decidió ponernos en esta prueba tan dura y, en su sabiduría, lo hizo justo el día en que empezó mi mandato». Por lo visto, el Señor llevaba el calendario presidencial en el bolsillo derecho de su túnica y decidió sincronizar el movimiento de las placas tectónicas con el inicio del nuevo gobierno.

En una tragedia que dejó cientos de muertos y familias enteras sepultadas bajo los escombros, esas palabras destilan un narcisismo grotesco: hasta la corteza terrestre parecía haberse puesto en movimiento para participar en la biografía de este personaje. Moisés tuvo la zarza ardiente; Job, sus desgracias; Saulo, el camino de Damasco. A don Abelardo, el Señor le concedió, para su debut, un sismo de magnitud 7,4 en la escala de Richter.

El problema, por supuesto, no es que un presidente crea en Dios. Es el Dios que pone en escena. El que surge de semejante relato es el Jehová iracundo de los episodios más atroces del Antiguo Testamento, quien ordenó a Saúl exterminar a los amalecitas sin perdonar hombres, mujeres ni niños —el Netanyahu de entonces—. Cuesta reconocer en esa divinidad al Padre misericordioso que veneran tantos creyentes sinceros en Colombia.

Este despliegue de cruces, conversiones, providencias y mensajes celestiales puede seducir a un electorado habituado al evangelio de la prosperidad y a esos carroñeros de la fe que han convertido la devoción en espectáculo y el diezmo en un modelo de negocio.

Pero semejante escenografía difícilmente inspirará respeto entre los creyentes más sinceros. La fe auténtica suele desconfiar del político que convierte a Dios en su jefe de campaña. Y un cristiano honesto puede encontrar mucho más ofensiva que edificante la imagen de una divinidad convertida en instrumento de la vanidad de un lechuguino.

Que cada creyente actúe según le dicte su conciencia. Otra cosa es abrir, no el corazón, sino el bolsillo público, y permitir que las convicciones religiosas de algunos se conviertan en política educativa para todos.

La República no tiene un alma que salvar. Tiene ciudadanos que proteger. Y para eso, por fortuna, no necesita capellanes: necesita una Constitución.