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Los artistas fueron los primeros en hacer uso del derecho a la manifestación civil en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Esta semana, protestaron frente al Ministerio de Cultura por la cancelación de los estímulos nacionales y la reducción del presupuesto. “No vivimos de milagros”, decía uno de los carteles. Además de un gran juego de palabras, la consigna expone una de las falacias más grandes que existen sobre la cultura: el artista debe vivir de su talento y el Estado no tiene por qué hacerse cargo.
Partamos de algo básico: no es del artista de quien debe hacerse cargo, es del arte. La cultura es un derecho y es necesario entenderla como una política pública. La música, la literatura o el teatro no son bienes ni servicios a la venta, como los televisores o las batidoras. Son herramientas de construcción social indispensables para la supervivencia, como la educación o la salud. En ese orden de ideas, el Estado tiene que hacerse cargo.
En Suecia, Noruega y Dinamarca existen reglamentaciones jurídicas que garantizan la cultura como derecho, no solo desde la perspectiva del consumidor, sino también del creador. Existen presupuestos 100 % independientes destinados a escuelas de música y arte, y cada gobierno tiene por obligación cumplir un mínimo de tareas entorno a la formación de públicos y la inclusión de minorías. La constitución estipula un Consejo de arte especializado, integrado por pares académicos, que recibe los dineros destinados a becas, premios y convocatorias; de esa manera garantiza que no respondan a intereses políticos.
En Francia existe lo que se conoce como Intermittent du spectacle, en español, “espectáculo intermitente”. Se trata de un modelo que entiende la intermitencia natural del oficio del artista: meses de trabajo intenso, seguidos por meses de desempleo. Para fines ilustrativos, piensen en un cantante de ópera. Recibe dinero por las funciones que hizo en el teatro, pero tan pronto termina la temporada, queda desempleado. En ese tiempo, prepara castings para nuevos papeles, estudia y se mantiene vocalmente en forma. Es decir, sigue en ejercicio. Por eso existe un sistema de contribuciones en el que, durante esas pausas, el cantante recibe un salario proporcional a sus ingresos anuales de parte del gobierno. De nuevo: el Estado francés no está manteniendo artistas en paro. Está sosteniendo la cultura como un agente indispensable en el desarrollo.
Vuelvo a nosotros: defender el presupuesto no les atañe solo a los artistas. Nos atañe a todos. Un país sin arte es un país insensible. Un país sin cultura es un país bruto. Un país sin ambas es un país sin futuro. Defendamos nuestro derecho a ser todo lo contrario.
Por Laura Galindo
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