Cojea, pero llega

“¿Por qué la Fiscalía cerró con tanta prontitud la investigación de estos hechos?”: Leopoldo Villar Borda

Le correspondió al juez tercero de conocimiento de Funza hacer valer el viejo adagio según el cual la justicia termina por imponerse. Cuando parecía que nada ni nadie despejaría el misterio en el que quedaron envueltas las muertes de Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro, ocurridas con dos días de diferencia en noviembre de 2018, un togado responsable atendió las razones de quienes afirman que en la investigación de esas muertes la Fiscalía General de la Nación no cumplió con su deber y es necesario enmendar ese entuerto.

La noticia ha sido ampliamente divulgada y todos conocemos el contexto en el que se produjo esa tragedia. El telón de fondo es el peor escándalo de corrupción registrado en Colombia por culpa de la empresa brasileña Odebrecht, que a punta de sobornos a funcionarios consiguió jugosos contratos de obras públicas, entre ellos la concesión de la Ruta del Sol II.

También conocemos a los protagonistas del escándalo: en primer lugar, Odebrecht y el Grupo Aval, representado en la concesión por las empresas Corficolombiana y Episol. Completa el cuadro Néstor Humberto Martínez, quien representó varios papeles en la trama, primero como abogado y consejero del Grupo Aval y luego como fiscal general de la nación y responsable de la investigación que nunca terminó.

Las sanciones al Grupo Aval impuestas por la justicia estadounidense por los sobornos que Odebrecht pagó en Colombia pusieron en evidencia que la justicia de Estados Unidos opera mejor que la de nuestro país. Pero quienes han perdido la fe en la nuestra pueden hallar un rayo de esperanza en la decisión del juez de Funza. Es posible que nunca lleguemos a conocer todas las ramificaciones del escándalo de Odebrecht, cuya sombra cubrió campañas presidenciales, ministerios y otras dependencias oficiales en una extensión que tal vez no se llegue a precisar, pero ahora la Fiscalía no podrá eludir su obligación de investigar a fondo el caso Pizano.

Los defensores de la familia Pizano, comenzando por el abogado Miguel Ángel del Río, sostienen que en las muertes de sus familiares hubo manos criminales. Si fue así, ¿a quién convenía silenciar al controller del proyecto Ruta del Sol II, que en el ejercicio de su cargo descubrió y comunicó al fiscal Martínez Neira varias operaciones sospechosas? Y si Jorge Enrique Pizano fue asesinado, ¿su hijo Alejandro también lo fue? ¿Por qué la Fiscalía cerró con tanta prontitud la investigación de estos hechos?

Hasta ahora este caso ha sobrepasado en oscuridad y suspenso a muchos de los que imaginaron mentes tan fértiles para el misterio como las de Agatha Christie y sir Arthur Conan Doyle. ¿Qué pasará ahora? ¿Aparecerá un fiscal acucioso que encuentre la manera de unir los cabos sueltos? ¿Corresponderá nombrarlo a la nueva fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo?

Los interrogantes están abiertos y lo mejor que puede pasar es que la investigación pendiente se surta con la diligencia que no demostró la Fiscalía cuando estaba a cargo de Néstor Humberto Martínez. Es indispensable despejar las numerosas dudas que hoy pesan en este caso para que aparezcan las certezas que debe arrojar una pesquisa realizada como debe ser.