Como los fantasmas que, según la leyenda, habitan en el barrio de La Candelaria de Bogotá, sobre el escándalo de Odebrecht siguen flotando las incógnitas. No es sorprendente, por esto, la resurrección de las investigaciones sobre ese embrollo criminal de cuello blanco que ya parecía condenado al olvido.
Muchos cabos quedaron sueltos en las pesquisas a las que dio lugar ese caso en nuestro país, como ocurrió con la que el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez inició por las muertes de Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro, ocurridas en extrañas circunstancias y con dos días de diferencia en noviembre de 2018. Esta pesquisa fue cerrada prematura e inexplicablemente por Martínez Neira, lo cual llevó al entonces procurador Fernando Carrillo a exigir su reapertura. Pizano padre era un testigo clave en las investigaciones del escándalo, por lo cual la que se abrió sobre su muerte merecía ser llevada “hasta las últimas consecuencias”, como se dice en nuestro argot judicial. Pero eso no ocurrió y hasta hoy los fallecimientos de Pizano y su hijo siguen rodeados por el misterio.
La sucesión de hechos que antecedieron y sucedieron a las dos muertes sigue suscitando dudas, particularmente relacionadas con la actuación del exfiscal Martínez Neira, como lo comprueban las declaraciones que María Carolina Pizano, hija del fallecido controller de la Ruta del Sol II, hizo a la revista Cambio. Esperemos que algún día se despejen esas dudas para que este no se convierta en otro de los muchos casos no resueltos por la justicia colombiana.
Lo que nos muestran los hechos hasta ahora es un claro contraste entre la lentitud de nuestro aparato judicial y los avances realizados por las autoridades de Estados Unidos y otros países donde las investigaciones han arrojado resultados, comenzando por el primero, que fue el destape del escándalo por parte del FBI. También contrasta el desinterés de la mayoría de los medios locales por el que fue calificado como el mayor escándalo de corrupción en nuestra historia con el despliegue que se le sigue dando en el exterior. Un buen ejemplo es el amplio cubrimiento que le ha dado El País de España, en una de cuyas más recientes publicaciones se ponen en evidencia las fallas que han impedido aquí llegar hasta el fondo del asunto.
El diario español reseñó con pelos y señales la imputación de cargos a un nuevo grupo de personas involucradas en el caso, comenzando por el fiscal Daniel Hernández, quien tuvo a su cargo la investigación de los millonarios sobornos de Odebrecht para obtener el contrato de la Ruta del Sol II. Esta decisión de la Fiscalía abrió, en los términos de aquella publicación, la “segunda temporada” de la serie de suspenso de Odebrecht, a la manera de las que acaparan la atención del público en la televisión.
El fiscal Hernández es acusado de prevaricato por omisión y amenazas a testigos por no haber tramitado varias órdenes de captura solicitadas por él mismo en 2017 contra implicados en los sobornos y por haber intentado intimidar al exsenador Otto Bula, testigo clave del caso actualmente condenado. Según la acusación, el propósito de las amenazas fue conseguir que Bula no diera un testimonio perjudicial para Martínez Neira al FBI, con el que ha estado en contacto. Al actuar en favor de su antiguo jefe, también lo habría hecho en su propio beneficio.
Siendo todos estos episodios materia de investigación, sobre ellos solo podrán pronunciarse la Fiscalía y el FBI. A juzgar por el curso que tomó el caso desde un principio, lo más factible es que el nuevo destape sea producido, como el primero, por los investigadores estadounidenses. Tal vez por ese lado se logre despejar el enigma de los fantasmas que se niegan a desaparecer en el caso Odebrecht.
