Luis Guillermo Pérez Casas

Luis Guillermo Pérez Casas (LGPC) (El Líbano, Tolima, 1962) me hizo un resumen breve de su vida —si mucho, 20 minutos—, que me dejó aterrorizado por los episodios narrados sin ostentación, como si quisiera salir rápido de eso, sin autocompadecerse, para contarme lo de la suspensión por tres meses de su cargo como superintendente de Subsidio Familiar (SSF), según lo decidió la Procuraduría General de la Nación. Ese relato sintetizó lo habitual en cualquier miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR): la vocación por la defensa de los derechos humanos y el riesgo que asumen frente a quienes los violentan —funcionarios, organizaciones criminales y el Estado mismo—, lo que ha sido una endemia en la Colombia de las últimas décadas.

LGPC asumió como fiscal de derechos humanos, a mediados de la década de los 90, algunos casos nerviosos de nuestra violencia política, que lo forzaron al exilio en 1995, en Bélgica, con cuatro hijos, tres de los cuales se quedaron allá y lo han premiado con tres nietas extranjeras que disfrutan al abuelo por WhatsApp. En el 99, ante una amenaza contra sus hijos en ese país, decidió volver solo a Colombia y desde acá les envió este mensaje a sus perseguidores: “Dejen en paz a mi familia. Ya estoy de regreso”. Aunque le molesta que le digan valiente —él ni se refiere a eso—, al retornar asumió el caso de Mapiripán, donde 100 paramilitares, llegados desde Urabá en un avión del Ejército, asesinaron a 49 civiles. Luego de peregrinar años por tribunales, Pérez obtuvo la condena del general Uscátegui, comandante en la región, por negligencia deliberada. Intervino también por el CAJAR en el caso de Wilson Borja y logró que a sus dos escoltas los exiliaran en Canadá. Como uno de los sicarios reconoció en la calle del atentado a una señora de su pueblo que expendía tintos, a los pocos días regresó y la asesinó. A la cárcel han ido a dar, por cuenta de él, Jorge Noguera (participó en el crimen de Alfredo Correa de Andreis), José Miguel Narváez (“teórico” de Carlos Castaño y autor intelectual del crimen de Jaime Garzón), María del Pilar Hurtado (jefa de “chuzadores” del DAS), Bernardo Moreno, el Águila, etc. Joyas peligrosas en su colección de convictos. Lo deprime haber intentado que dijeran la verdad, para rebajar la pena, y que ellos hubieran preferido el silencio. Reemprendió el exilio en 2002 y arrancó para un pueblo anónimo y perdido en la región flamenca de Bélgica, Hoeilaart, de 10.000 habitantes, y allá le llegó la vendetta colombiana, quemándole la casa donde vivía con su mamá, su esposa, su hermana y sus cuatro hijos. Se salvaron de milagro. Parece que es el único incendio del que se tiene memoria en ese pueblo medieval desde el imperio carolingio.

Ningún thriller de Netflix les da a los tobillos a las proezas jurídicas y personales de LGPC. La próxima batalla que va a librar es la de su suspensión por tres meses en el cargo de SSF. Su delito: haber gestionado donaciones voluntarias de cajas de compensación al obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo, para hacer obras que distensionen la guerra entre Shottas y Espartanos, de la que es mediador. También se le acusa por lograr que algunas cajas regionales ayuden a la Ruta Macondo en la Costa, promoviendo ediciones de Gabriel García Márquez y fomentando el turismo cultural. La procuradora Margarita Cabello es candela.