No al despojo

Qué simplicidad la de quienes piensan que con la marcha del pasado 4 de febrero, por la liberación de los secuestrados, podemos ya los colombianos declararnos con la conciencia tranquila. Menos mal que constituimos un buen número, y eso se verá en la marcha del 6, los que sabemos que la importante jornada anterior no basta por sí sola para desentendernos del reguero de desgracias que significa haber padecido un conflicto armado durante sesenta años. El problema de jerarquizar las formas de provocar daño, minimizando la crueldad de unas y exaltando la canallada de otras —a ver cuál gana, o es más o menos peor según quien la sufra, como si no concurriéramos a una unidad trágica en la que cada pieza se corresponde con el conjunto—, es que al final puede ocurrir que no se resuelva ninguna. Y que todas terminen fermentándose, lo que está ocurriendo ya, según se advierte en la escalada de la histeria patria.

Lo extraño es que el Gobierno, no obstante declarar el secuestro como el delito superior, el súmmum de la perversidad, se empecina en no tenderles a quienes lo padecen el alivio de un acuerdo humanitario. De hecho, dos liberaciones recientes, y ojalá cuatro más próximas, son el producto de gestiones de dos gobiernos extranjeros por encima de la voluntad del que debiera mostrarse más interesado, el propio, el anfitrión del drama.

Se molesta el Presidente cuando alguien le recuerda su parte de responsabilidad en la prolongación de esa tortura y exige no ser comparado con quienes la causan, pero la verdad es que si a él se acude para remediar ese asunto, es porque por su nombre votó la mayoría, a su gobierno se le pagan los impuestos y él representa la institucionalidad, mientras que a las Farc no hay como entutelarlas, ni emplazarlas a un debate, y además no es de ellas, enemigas del Estado, de las que se pueda esperar que respeten la vida, honra y bienes de los ciudadanos. El que se pone, pues, al nivel de esa organización, al menos en lo que atañe a tantas condiciones y tardanzas respecto a la libertad de los cautivos, es el propio Presidente.

Pero yo empecé refiriéndome a otro tipo de víctimas de esta guerra, y no voy a dejarlas por puertas. Si el 4 de febrero, para garantizar un punto de equilibrio moral, hubo también manifestantes solidarios con la población desplazada, desaparecida, descuartizada con motosierras, matada a cilindrazos y sepultada en fosas anónimas, es de prever, y se saluda, que a la del próximo 6 de marzo concurran con pleno derecho quienes reclaman la libertad urgente de las víctimas de secuestro.

Preocupa, en todo caso, que el Gobierno se muestre tan ajeno a la suerte de los ciudadanos mas vulnerados por nuestra caótica circunstancia. Y que si frente a los secuestrados se expresa con el famoso “No al despeje”, respecto a quienes han sido expulsados de sus tierras manifieste un implacable “Sí al despojo”. Ahí está de prueba Carimagua, proyecto rapaz que se desactivó gracias a la oportuna denuncia de El Tiempo y al llamado al orden de la Procuraduría. La intentona, sin embargo, ni es la primera ni será la última. Recordar, por ejemplo, el caso de las tierras del Urabá chocoano, que pese a todas las alertas, les fueron quitadas a la brava a sus dueñas de verdad, las comunidades indígenas y negras, con el asentimiento del Ministro de Agricultura, quien no le ve problema a que los propietarios se conviertan en peones de los que los invaden. Claro que el doctor Andrés Felipe siempre ha tenido que echar reversa en el penúltimo instante, cuando los fallos de los tribunales —los de acá y los de afuera— se pronuncian en contra de esas usurpaciones. Pero por si las moscas, él reincide y redacta leyes capciosas que antes de que se las aprueben las ensaya con situaciones de facto. Ahí va midiendo el aceite, que para eso tiene al Incoder. En Córdoba, esta semana, hubo otro Carimagua menos ruidoso, en el que de no haber interpuesto la Procuraduría una acción de cumplimiento, 33 familias de desplazados se hubieran quedado sin su derecho a un predio llamado Usaquén. Este ministro es un fresco, y clasifica, luego de haber subido como palma africana, para bajar como coco.

Estos episodios, aparte de demostrar el desdén del Gobierno frente a las víctimas del desplazamiento, ofrecen el lamentable componente de entregarles esa tierra ajena a amistades y parientes de sus funcionarios más oficiosos. Me pregunto si en la audiencia pública reciente que hizo la Corte Constitucional para controlar las inversiones del Gobierno en beneficio de la población desplazada —que suelen ser de una michicatería que deja atónitos a los magistrados, lo que pasa es que a ellos les toca mostrarse serenos—, el doctor Luis Alfonso Hoyos, alto consejero presidencial para la Acción Social, informó sobre la entrega que, del predio birlado a las víctimas de desplazamiento forzado, terminó haciéndosele a su financiador electoral, tío, además, del Ministro de Hacienda. Pero al doctor Hoyos debió olvidársele soltar ese dato. Como se le pasó por alto al ministro Andrés Felipe Arias informárselo a la Procuraduría.

Por todo esto, en la marcha del 6 de marzo llevaré una pancarta que rece: “No al despojo”.