Decrecemos

Al igual que Nixon, quien antes de renunciar inculpó a su antecesor de las prácticas que condujeron hasta Watergate, o del dictador Maduro, quien luego de décadas en el poder sigue responsabilizando a factores externos y a la herencia chavista, de la crisis humanitaria y el desastre de la economía venezolana, Petro intenta explicar una recesión no confirmada con las altas tasas del Banco de la República y la política “neoliberal” que supone indispensable el “veneno” de la inversión privada. Olvida que se trata del mismo país y la misma economía que se comprometió a gobernar y en la que apenas hace unos meses mostraba logros de su gobierno.

No tenemos aún una tormenta, pero el gobierno ya sacó todos los paraguas. Pese a los compromisos del exministro Ocampo y el actual ministro Bonilla en sentido contrario, el “remedio” de eliminar la regla fiscal, propuesto por el presidente para superarla, acabar de complicar la mala salud de la economía. Solamente la intención de saltarse la regla -en realidad una ley vigente- puede generar mayor devaluación e incremento de las primas que pagamos por nuestros créditos externos, reduciendo los recursos disponibles para inversión. El ministro tiene la responsabilidad de explicar la situación creada al presidente marcando distancias con su propuesta. No hacerlo es un acto de enorme irresponsabilidad.

Resulta difícil comprender el trino de Petro según el cual “Cuando baja la inversión privada, debe crecer la inversión pública. En esto choco con la tesis de que hay que reducir ambas”. Presidente, ¿alguien está promoviendo reducir la inversión privada? ¿Quién, además de las circunstancias y funcionarios de su gobierno? En una situación de restricción de la demanda como la que tenemos, por supuesto debemos incrementar el gasto y la inversión pública ante la caída de la inversión privada como una manera de jalonar la demanda y el crecimiento de la economía. El trino del presidente se trata, de nuevo, de un sofisma comparable al del “enemigo externo”. “Los otros”.

Claro que las altas tasas han mermado la actividad económica. Se trata de un mal necesario para controlar la inflación, reconocida como el peor de los impuestos, aún peor para las personas de menores ingresos. La postura del Banco de la República en ejercicio de su independencia y deberes constitucionales no resulta discrecional, como no lo fue la misma actitud por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos. Se trata de utilizar el conocimiento disponible y aplicarlo. A diferencia de lo ocurrido en nuestro país, allí están logrando controlar la inflación sin afectar mayormente el crecimiento. Han procurado incremento de los programas y obras públicas generando confianza en la economía mientras aquí, como sucedió la semana pasada con el veto tácito a la regla fiscal, el gobierno promueve incertidumbre que frena la inversión privada, sin ejecutar el gasto público asignado, como hemos alertado reiteradamente desde esta columna.

El gobierno se ha declarado enemigo de la inversión privada desde sus comienzos. Los programas de obras públicas se han casi paralizado porqué en muchos de ellos existe participación del sector privado, como ocurre con la salud pública. Recordemos el sofisma según el cual “la salud es un derecho no un negocio”. Basados en él han deteriorado nuestro sistema de salud y pretendido acabar las EPS, aun contrariando el sentir mayoritario de la población.

Resulta imposible no recordar que la propuesta de decrecimiento del sector energético planteada por la entonces ministra Vélez se está cumpliendo: los taladros se han reducido en un 25 %, lo que significa menos inversión en el sector petrolero. El aumento de inseguridad y extorsión, y no solo la incertidumbre creada por el gobierno, han hecho su parte, pero también la ha hecho su baja capacidad de ejecución.

Según cifras de la Contraloría General de la República, finalizando el año se ha ejecutado solamente el 54 % del presupuesto de inversión. La misma Presidencia, la Unidad de Gestión del Riesgo y Planeación, son las dependencias con más baja ejecución, lo que ha llevado al mismo presidente a expedir la directiva presidencial 06 del 14 de noviembre según la cual “a partir de la fecha, los ministerios, sus entidades adscritas y vinculadas con capacidad jurídica para contratar, deberán ejecutar directamente sus recursos y evitarán acudir a otras entidades para que actúen como intermediarios en la ejecución de sus políticas y recursos públicos”. Una manera de promover, ante la baja ejecución, la contratación a dedo.

Como se puede observar al verificar los hechos, las responsabilidades en una eventual recesión no se refieren solo a “los demás”.

@herejesyluis