Se robaron la esperanza

El fracaso del contrato para llevar internet a regiones sin cobertura, más que una excepción, ilustra lo que está ocurriendo con la contratación pública en Colombia; confirma la existencia de bandas organizadas con capacidad de influir a los más altos niveles. Para los niños y jóvenes en apartadas regiones es el aplazamiento injustificable de sus posibilidades de progreso y la negación inexplicable del principio de igualdad.

Las sucesivas reformas en la contratación estatal, como confirma el episodio de Mintic, no han funcionado. Como camaleones, los ladrones del erario se reinventan poniendo en evidencia la pereza de nuestra sociedad frente a una corrupción con la que nos hemos acostumbrado a convivir. Los ladrones conocen muy bien las leyes; se acomodan a ellas. Si a ello agregamos la ineficiencia habitual del aparato estatal, no es exagerado afirmar que inversión y gasto público se podrían reducir en, cuando menos, un 30%, si consideramos que un estudio de la universidad Externado de Colombia realizado entre empresarios estimó en 20% el monto de las coimas en los contratos estatales.

¿Cuántas garantías en contratos se habrán falsificado? El modelo creado para robar es casi legal sin que se trate solo de la contratación directa o los pliegos hechos a la medida de algún oferente. Los ladrones tienen acceso, se ha demostrado, a las diferentes ramas del poder. Con ese antecedente, la competencia, disponibilidad de información y participación ciudadana se revelan como herramientas superiores a las utilizadas formalmente para combatir la corrupción. Observatorios ciudadanos y académicos pueden usar inteligencia artificial y algoritmos que nos permitan identificar y reportar, anomalías, ladrones y flujos de dinero y propiedades.

¿Qué robaron esta vez? La esperanza. Nada más democrático que el acceso a internet y a las enormes posibilidades de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje que colocan en un plano de igualdad a estudiantes ubicados en Bogotá, Nueva York, Tokio y Londres como en el Guainía, Putumayo o la Guajira. Que les confieren, a todos, la posibilidad de conectarse simultáneamente con el conocimiento más reciente y las bibliotecas y bases de datos de vanguardia en todo el mundo. De ello trataba el frustrado contrato. De hacer posible ese sueño que hoy solo la ambición insaciable de los corruptos, combinada con la ineficiencia de nuestra gestión pública han frustrado, esperamos, temporalmente.

Las diferencias en el acceso a internet tienen diferentes causas, adicionales a las posibilidades de ingreso de los hogares. La cobertura de la oferta comercial, sobre la que se ha edificado con éxito el modelo de comunicaciones colombiano, es débil en lugares con escasa demanda; debe ser subsanada, como pretendía el contrato, mediante la intervención del Estado. Esas diferencias hacen que mientras el 62% de hogares disfrutan el servicio en las cabeceras municipales, solo el 20% pueda hacerlo en los centros poblados y el sector rural. Se trataba de comenzar a cerrar esa brecha.

Nuevamente ha quedado en evidencia la irresponsabilidad con la cual se manejan los recursos públicos. Estamos en Macondo y se siguen inventando aguas tibias y descubriendo el hielo. ¿No existían proveedores mundiales satelitales con la infraestructura necesaria para prestar el servicio? ¿No debería restringirse a ellos la licitación? ¿Era necesario involucrar a los PhD en corrupción locales a cambio de reconocidas empresas nacionales, públicas y privadas, como ETB, EPM o Carvajal? Resulta difícil pensar que un contrato de semejante magnitud, con un valor superior al billón de pesos, no mereciera una atención especial y particulares medidas de precaución.

Las escuelas y colegios rurales son un importante núcleo de vida en los campos de Colombia. De diferentes maneras reflejan la única o mejor presencia del Estado; la esperanza y optimismo de un futuro más amable para sus pobladores. Niños y jóvenes que asisten allí son, nuevamente y sin que lo percibieran, las víctimas del robo. La historia no puede terminar con una ministra renunciada, algunos políticos cuestionados y, otra vez, el inicio de “exhaustivas investigaciones”. Es necesario el compromiso del gobierno para que, antes de terminar su mandato, esas escuelas y colegios se encuentren conectados.

@herejesyluis