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Como contó este diario, en su segundo consejo de ministros público, el presidente Petro urgió a su gabinete a acelerar la ofensiva militar, obras y programas sociales en Micay, Cauca y en el Catatumbo, Norte de Santander. El esfuerzo se financiará con partidas que el gobierno logró recabar de un apretado presupuesto, y con el gasto extraordinario de 2,7 billones de pesos, contemplado en el decreto de conmoción interior que dictó en enero pasado.
La conmoción fue la respuesta a la tragedia de mayores proporciones en el Catatumbo, causada por el ELN, luego de que se rompieran las conversaciones de paz. Esta guerrilla, en confrontación con otras fuerzas criminales, desplazó a más de 50 mil personas, confinó a miles, dejó más de 70 víctimas fatales. En Cauca, otros grupos, que protegen sus corredores de narcotráfico en el Cañón de Micay, amenazan y matan sin piedad.
Presión militar y rescate social con ayuda humanitaria, pero también con obras de infraestructura como caminos y carreteras, centros de salud, escuelas, ayudas para las personas mayores, es una estrategia que suena sensata. Como dijo el mismo presidente: si la puja militar no va acompañada de inversión social, se pierden los territorios a manos del narco.
¿Por qué podría entonces la Corte Constitucional no aprobar la conmoción interior y dejar al gobierno sin gasolina para atender la emergencia de los municipios nortesantandereanos?
Según las fuentes de la Corte citadas por La Silla Vacía, la conmoción interior se debe limitar solo a respuestas urgentes. No puede incluir obras regulares, como la construcción de la transversal del Catatumbo, ni el hospital de segundo nivel en El Tarra que se anunció.
La Corte debe tenerle la rienda corta al Ejecutivo porque este país tiene un largo y pesaroso historial de abuso de esa figura que ha terminado en desmadres de la fuerza pública y despilfarro de recursos, pues la condición extraordinaria le permite una mayor flexibilidad para justificar el gasto y contratar.
La pregunta que cabe, más allá del debate legal, es ¿por qué si el gobierno lleva dos años y medio en el poder, no se le vio antes este afán que ahora ha desplegado en televisión? El crimen lleva ensanchando sus garras en Cauca y Catatumbo desde que el gobierno Duque les permitió llenar los vacíos que dejaron las FARC. ¿Por qué entonces no priorizó estas sufridas regiones, antes de gastar sus energías en reformas legales desafortunadas, casi todas?
Para construir carreteras en Norte de Santander, poner a la fuerza pública a proteger a las poblaciones caucanas, construir hospitales en El Tarra, mejorar la atención de la salud rural o darle pensiones a los viejos pobres, no necesitaba desmontar toda la arquitectura de las pensiones ni la salud, ni gastarse su capital político en ello solo para presumir que lo suyo era el gobierno del verdadero cambio.
¿Por qué el aspaviento tardío y público de que ahora sí es indispensable impulsar el mejoramiento de la vida de los campesinos azotados por el crimen? ¿Por qué pone a Armando Benedetti, señalado de corrupción en múltiples escándalos, a cuidar los millones de millones a invertir en la emergencia?¿Va ese dinero para la emergencia, o va para apertrechar las arcas electorales?
Huele a la vieja y consabida politiquería que los campesinos y habitantes de las márgenes ya conocen y descreen. Avanzan las carreteras y las reparaciones de escuelas y puestos de salud solo cuando asoma la puja electoral.
Ellos votaron por este gobierno porque creyeron que era distinto; que se iba a dedicar desde el primer día a atenderlos, sin esperar la tragedia, ni la emergencia. Quién sabe si siguen pensando lo mismo.
