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Crimen, redes y desidia de poderosos

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“Cada niño reclutado es una muestra del fracaso del Estado”, dijo hace poco Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, luego de presentar un estudio sobre esa tragedia.

Es un fracaso demasiado largo. La JEP reportó más de 18.677 menores reclutados durante el conflicto armado entre 1971 y 2016 sólo por las hoy desmovilizadas FARC. Y Justicia y Paz documentó que las AUC reclutaron al menos 3.557 niños.

En 2012 yo estuve en Tumaco investigando el tema, y encontré pura desidia. Una funcionaria del ICBF, puesta en el cargo por un congresista por tres meses y sin ninguna experticia, maltrataba madres que acudían a su desvencijada oficina a recuperar sus hijos cuando el ejército los rescataba.

Las maestras hacían lo que podían para esconder a los alumnos en la mira de los matones, y las madres hacían cosas desesperadas, como subir al hijo en un bus o a un barco sin destino cierto, sólo para sacarlo de allí a cómo diera lugar. No había a quién acudir.

No hemos avanzado mucho. En 2018 se hizo una política para enfrentar el delito, que está desfinanciada e inoperante, según halló HRW, que contabilizó 1.500 niños y niñas reclutados desde 2021. Este año van 74 confirmados hasta junio.

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La mayoría de los reclutamientos conocidos han sido de las disidencias de las FARC, con más de tres mil hombres armados. El Clan del Golfo, con ocho mil, ofrece salarios y tiene puntos de reclutamiento. El subregistro es alto y las víctimas no denuncian por miedo.

La mitad de las niñas y niños que se llevan son caucanos e indígenas, pero las autoridades no parecen verlo. Un admirable líder indígena dedicado a rescatarlos ha conseguido salvar a unos cuantos, como contamos en el El Algoritmo Reclutador, una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación (CLIP) que en Colombia se alió con Cuestión Pública.

Las redes sociales y sus algoritmos adictivos han extendido el brazo seductor de los reclutadores para enganchar adolescentes en territorios de pobreza e infancia sin futuro. Circulan por TikTok y Facebook videos en los que criminales exhiben su dinero, armas, emojis y canciones idealizando su forma de vida. Un joven que le gusta una canción cliquea, y ahí se dispara el algoritmo, trayéndole todo lo que es parecido, hasta intoxicarlo.

Según el informe Red-clutamiento 2.0 de la JEP, el 44 % de los adolescentes fueron enganchados al crimen por medio de las redes sociales. Múltiples investigadores, Unicef, gobiernos y organizaciones que intentan proteger a los adolescentes en territorios colombianos y en México y Ecuador, con los que CLIP habló, coincidieron: sube el reclutamiento de niños porque las redes sociales los cautivan.

Las dueñas de las redes, Meta y Bytedance, dicen que prohíben propagar el crimen y que bajan las cuentas que lo hacen. Pero su esfuerzo es tímido, no va y sea que proteger niños pobres en estos países les dañe su modelo de negocio. Ni contratan suficientes moderadores para impedir que los contenidos dañinos circulen, ni alteran el algoritmo para que sean menos adictivos, ni financian un mecanismo de respuesta rápida cuando hay una alerta, ni dejan pasar leyes que los obligarían a actuar.

Del clic a la cita personal es un paso sin regreso. El Estado, la sociedad, las plataformas condenan a esos niños a perderse en el crimen y a morir si intentan escapar o caer abatidos, como los 65 que murieron en combates o bombardeos en el gobierno anterior y los siete adolescentes que han muerto en éste: cinco en Guaviare y dos en Norte de Santander.

Proteger a esos niños es la más humana y efectiva manera de combatir el crimen.

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