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CONDENAR A LOS GUERRILLEROS muertos o desaparecidos en el Palacio de Justicia en 1985 recomendó el procurador Alejandro Ordóñez.
El argumento es que es una medida que permitirá reparar a las víctimas que dejó la guerrilla. En cambio ha pedido la absolución de militares acusados de desaparición forzada en ese caso. ¡Siempre es más fácil mandar a la cárcel a los muertos que a los vivos! Me pregunto cuál sería el castigo adicional que, según el procurador, mercería la memoria y la familia de Irma Franco, la única integrante del M-19 que salió con vida, pero que fue luego interrogada y asesinada en instalaciones militares.
Porque eso es de verdad lo que se propone el procurador frente a este doloroso episodio. Grabar en la memoria colectiva que los verdaderos criminales de lesa humanidad en el desastre del Palacio de Justicia fueron los guerrilleros y rescatar así la honra militar. Si fue condenado Plazas Vega, ¿cómo no van a serlo los responsables de la debacle? Así ya no existan, carajo, como diría Godofredo Cínico Caspa, el inolvidable personaje de Garzón.
Nadie pone en duda que los guerrilleros del M-19 fueron los autores del asalto y por tanto los responsables de la tragedia. Pero no fue condenado Plazas Vega por haberlos enfrentado con las armas, como era su deber. Ni siquiera por haberlo hecho de manera tan torpe y brutal que terminaron muertos más de cien rehenes.
No. Al coronel lo condenó la jueza a 30 años de cárcel por su responsabilidad en haber desaparecido a diez empleados de la cafetería y a la guerrillera Franco. Según testigos y al menos una grabación de la época, ellos estaban entre las personas que salieron vivas, fueron remitidas a varias instalaciones militares y fueron interrogadas y maltratadas. La juez determinó que Plazas estuvo al tanto de todo.
Defenderlo no es defender el honor militar. Al contrario, ese es el tipo de comportamientos que las Fuerzas Armadas llevan ya varios años empeñadas en desterrar de sus filas. Sigue habiéndolos, desafortunadamente. Si no, no hubiéramos visto el escándalo de los “falsos positivos” o ejecuciones a civiles por fuera de combate. Pero hace ya varios años que los militares se impusieron pelear una guerra legítima, que respete “la dignidad humana”, como dijo hace poco el almirante Cely.
Quienes siguen pensando que es deber patrio arropar los delitos que cometan militares con las banderas de la dignidad y el honor, pretenden sujetar a la Fuerza Pública en el más oscuro pasado. Aún así el procurador parece aferrarse a esas viejas ideas forjadas con el hierro del anticomunismo, que justificaron prácticas de guerra sucia, como la desaparición forzada por la que fue condenado Plazas.
Quizá la cosa es peor. Quizá la razón más de fondo por la que el procurador ha salido con esa propuesta de rematar a los muertos con una condena es porque está abriendo la puerta jurídica para que se anulen las amnistías que se firmaron hace 21 años con el M-19 y el Epl entre otras guerrillas. Así hayan cumplido sus compromisos de paz, a pesar de los asesinatos de sus líderes; así Antonio Navarro esté haciendo un buen gobierno en medio de las siete plagas que le cayeron a su tierra Nariño; así las valientes denuncias de Petro hayan permitido destapar la parapolítica; así otros de ellos estén dedicados a desminar el país o a promover la tolerancia.
Como si no nos sobrara la guerra, el procurador quiere destruir la única paz que cuajó. Ese sí que es un chiste malo, pero no por lo flojo, sino por lo dañino.
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