Reconstruir y destruir patria

En esta semana triste, cuando a más de 40 mil compatriotas se les derrumbaron sus vidas en minutos, emergió el milagro solidario de este país. Desde pequeños gestos de vecinos que regalaron agua, cobijas y ayudaron a remover escombros, hasta camioneros que transportaron mercados gratuitamente y decenas de empresas que donaron colchones, alimentos, y medicinas. Músicos, como Luis Alfonso y Pipe Bueno tocaron en un gran concierto de recaudación de fondos en Medellín; e iniciativas como Colombia te busca ayudan a encontrar a los desaparecidos en el terremoto o Terremoto Venezuela, originalmente creada para reportar daños a edificios en el país vecino, rápidamente se volcó a registrar los afectados aquí.

A la madrugada siguiente del brutal remezón de 7,4, cuando hasta el más modesto colombiano se dedicaba a ver cómo contribuía a reconstruir y reparar, el gobierno de cuatro días de nacido ordenó el bombardeo de la vereda Sinaí en el Catatumbo. Dos días después, el secretario de Guerra de Estados Unidos anunció que ahora ya no sólo bombardearían en los mares, sino que, en alianza con sus émulos protegidos por el Escudo de las Américas, “atacarían en tierra” a los carteles del narcotráfico.

Las bombas vuelan unos campamentos en el monte, matan a algún criminal, destruyen o llevan a la incautación de unas armas. Los militares salen a declarar que “bajaron” a un jefe importantísimo. Varios campesinos quedan heridos o pierden sus casas y sus niños se traumatizan por el miedo. Eso fue lo que sucedió en la vereda Sinaí; tres campesinos heridos, decenas salieron desplazados hacia El Tarra, y el gobierno, satisfecho, anunció que había matado dos elenos, incautado drones y explosivos y había destruido cinco campamentos del grupo criminal.

Los anuncios causan escalofríos porque es un derroche de poder que realmente no persigue al gran narcotráfico, sino que aplasta a los más débiles. Las bombas no caen en Wall Street donde los meganarcos lavan su dinero, ni afectan los restaurantes y bares de lujo de Bogotá, Quito o Tegucigalpa, donde los capos despliegan sus fortunas, ni en los aeropuertos donde parquean sus jets privados. Las bombas no acaban con las falsas exportaciones, ni las empresas fachada en paraísos fiscales, ni los bufetes de abogados y de asesores financieros que hacen posible ingresar como limpios 15 mil millones de dólares al año al sistema financiero regular. Ni detienen el reclutamiento forzado y silencioso. Tampoco sirven para desarticular operaciones transnacionales entre los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación con el ELN, como una que desmanteló la policía colombiana en mayo pasado; o entre mafiosos italianos de la Camorra y la ’Ndrangheta, albaneses y Los Choneros ecuatorianos. Mucho menos destruyen el impune comercio clandestino de armas que proviene principalmente de Estados Unidos.

Las bombas sirven sí para hacer ruido y mostrar falsa eficacia. Mientras los campesinos pobres y lejanos sufren, la clase media aplaude los “triunfos” oficiales. En Colombia ya lo sabemos. Se nos fueron dos generaciones en ello. Ahora vamos a repetir la receta, solo que reforzada con drones con IA gringa tan precisa como la que condujo a la voladura de un colegio con 120 niños en Irán en febrero pasado; o tan misteriosa como la que estuvo detrás del ataque con drones a pescadores ecuatorianos cerca de Galápagos, según reveló el Washington Post en días pasados.

La catástrofe nacional no detuvo los planes del nuevo gobierno ni por un día. Está decidido a concentrar la lucha contra el crimen en bombardeos y platillos y va aupado por un gobierno estadounidense que bate récords de violación de derechos humanos en su propio suelo. La historia no se repite. Se empeora.