Una propuesta esperanzadora

Con una historia de desigualdad, corrupción y una capacidad fiscal limitada para tender una malla de rescate efectiva a la inmensa proporción de trabajadores informales, a desempleados y a empresas pequeñas y medianas, las políticas para enfrentar el COVID-19 han sido en casi toda América Latina poco solidarias.

La organización filantrópica británica Oxfam ha propuesto en los últimos días detener la inercia que invariablemente nos lleva a más desigualdad y más pobreza, dando un timonazo urgente. La propuesta esperanzadora plantea algo casi obvio: “Es el momento de que quienes han tenido grandes beneficios durante estas últimas décadas y las grandes empresas que están generando importantes ganancias en medio de la crisis contribuyan mucho más al esfuerzo de todos y todas”.

Hacia afuera, propone al FMI y a otros acreedores posponerles los pagos de deuda externa a los países latinoamericanos por dos años. También pide a la cooperación internacional que sea más generosa con las organizaciones de la sociedad civil.

Hacia adentro, propone que los países latinoamericanos cobren cuatro impuestos excepcionales. Uno al patrimonio de quienes tienen más de un millón de dólares y que subiría hasta 3,5 % para quienes tengan más de US$100 millones. Para entender la magnitud del recaudo que habría, supongamos que el Gobierno aplicara por una sola vez ese impuesto a los tres multimillonarios que según Forbes hay en Colombia (Sarmiento Angulo, Ardila Lülle y Gilinski) y cuyas fortunas suman US$13.900 millones. Con este impuesto a tres ciudadanos, el Estado recuperaría la tercera parte (US$486 millones) de los US$1.428 millones que, según cálculos publicados en el informe, dejará de recaudar nuestro país este año.

Un segundo impuesto a quienes se han lucrado durante la pandemia, como las empresas de distribución logística (Mercado Libre, Amazon, entre otras), farmacéuticas (solamente Pfizer creció más del 30 %) y las empresas de economía digital (Google, Facebook, etc.). No pueden salir ganando tanto dinero unos pocos, mientras tantas familias lo pierden todo.

El tercero sería un impuesto de recaudo automático a las ventas digitales realizadas en los territorios nacionales. La región no está aún cobrando impuestos a muchas empresas de comercio electrónico extranjeras o sin domicilio específico, que sin embargo venden y ganan millones en nuestros países.

Por último, propone ayuda a las grandes empresas de gran beneficio social, pero sólo si no esconden nada en paraísos fiscales, no pagan bonificaciones a sus altos ejecutivos por dos años, publican sus finanzas y no tienen vínculos familiares con funcionarios públicos.

Es un informe provocador. Como dice Oxfam, las élites tienen poder para moldear políticas públicas en su beneficio, y en América Latina las más capturadas por las élites son aquellas políticas que definen quién paga el gasto público. Eso en Colombia es aún más verdadero. Según un análisis reciente del economista Luis Jorge Garay, el 1 % de las casi 450.000 empresas que declararon renta en 2018 fueron las que se beneficiaron más registrando ingresos no constitutivos de renta, rentas exentas y descuentos tributarios. Y en 2017, de los tres millones de personas naturales que declararon renta, también fue el 1 % más rico el que se benefició con el menor pago de impuestos.

Deberíamos debatirlo en serio en Colombia. Necesitamos tomar medidas extraordinarias porque la mitad de nuestra gente está al borde de un abismo. Sus empresas se quebraron, millones perdieron sus empleos y muchos no tienen ingreso alguno porque el rebusque está restringido y el apoyo estatal es muy insuficiente. Estamos a tiempo de rescatarlas y es apenas justo que, en medio de la catástrofe, quienes más pongan sean quienes más tienen.