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Si bien las universidades públicas de nuestro país están recibiendo unos escasos recursos adicionales pactados a raíz del paro universitario de 2018, ese auxilio terminará en el 2023 creando un hueco financiero imposible de llenar.
Y es que, contrario a lo que se cree, estas universidades no nadan en ríos de oro y miel y andan con el agua al cuello porque sus crecimientos son mucho mayores a sus ingresos, por la elemental razón de que la demanda de cupos e infraestructura son apremiantes e inaplazables.
Es preciso entonces que el Gobierno, a través de su parlamento, entienda la necesidad de apoyar la prórroga y el aumento de estos recursos volviéndolos Ley de la República y se convenza de que solo con una educación adecuada podrá dar el gran salto que acompañarían al progreso y el desarrollo.
Loable entonces que las 33 universidades que conforman el Sistema Universitario Estatal (SUE) hayan hecho una propuesta en tal sentido en unión con la Universidad del Valle y en una reunión que se realizó en Cali el pasado lunes, donde hubo una esperanzadora acogida por parte de un grupo senadores y representantes a la Cámara que acompañaron a varios rectores universitarios allí presentes.
Nuestras universidades públicas no pueden seguir siendo las cenicientas de la educación en Colombia y menos recortar cupos y mermarles a las investigaciones y la apertura de nuevas opciones para un estudiantado ávido de innovaciones en sus conocimientos.
Como expresó uno de los rectores allí presentes, solo consiguiendo esta ampliación de los recursos “garantizaremos como país que nuestros jóvenes y más aún aquellos que no cuentan con recursos puedan acceder a una educación de calidad, elemento que les permitirá alcanzar sus sueños y el de sus familias”.
