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¿Hay algo detrás de la demora en el nombramiento de la fiscal general? Es la pregunta que todo colombiano puede hacer a riesgo de ser señalado de presionar a la Corte Suprema de Justicia. Es, ante todo, una pregunta de sentido común. ¿Qué gana la Corte con esa dilación? Porque todo suma para pérdida. Comenzando por el prestigio de una institución que fue fuente de toda confianza, credibilidad y respeto ciudadano.
Cada día que pasa, y ya son 150, atenta contra la reputación de los altos órganos jurisdiccionales que, por momentos, han confundido independencia con intocabilidad. Hacer gala de su poder afecta la institucionalidad a la que ellos aluden, pero va en contravía de la necesaria humildad al impartir justicia.
Hace mal el Gobierno al atacar a otra de las ramas del poder público, pero la Corte no se ayuda aplazando decisiones inherentes a su labor que ponen en riesgo la estabilidad, atizan la polarización y ponen en pausa todo el aparato de justicia. No hace bien que ninguna instancia del Estado quiera aprovechar los quince minuticos de fama sin expresar razones objetivas que impidan el decurso de los trámites consagrados constitucionalmente. A nadie le hace bien, salvo a quienes buscan beneficios políticos con ese estado de incertidumbre, la interinidad en la Fiscalía que se derrumba arrasando todo lo que puede.
Independencia es evitar todas las presiones, no aquellas que son más visibles. Y presión clara es también que haya personajes, partidos y periodistas que insten a seguir aplazando, como lo dejan ver manifestaciones y hasta plantones sui géneris como los acaecidos hace poco, que en una consigna pedían independencia para la Corte y en la siguiente la salida del presidente de la República.
El ejemplo cunde, señores magistrados, y el cumplimiento del deber es de los primeros. Y luego que sigan los reclamos y manifestaciones en pro de la independencia. A eso también tienen derecho.
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