Confrontando la obstinada informalidad

Uno de los mayores problemas que enfrenta el país es la de la informalidad laboral, que en las áreas rurales supera el 83,2 %, mientras que en las 13 principales ciudades es del de 40,7 %. Un estudio elaborado por Aliadas, con respaldo académico de la Universidad del Rosario, señala que la informalidad varía según el tamaño de las empresas: mientras en las microempresas de hasta 10 trabajadores la informalidad llega al 84,5 %, en las grandes compañías se reduce al 2,1 %; y propone dividir el problema en cinco dimensiones: cotización y sostenibilidad fiscal, cumplimiento de la ley, protección y bienestar, productividad y escala empresarial, y trazabilidad. Para los autores de dicho estudio, “la informalidad no puede analizarse únicamente a partir de si una persona cotiza o no a la seguridad social”, y uno de los hallazgos más preocupantes de esta investigación es la persistencia de la informalidad, la tendencia a mantenerse en el tiempo. Los autores estiman esa persistencia en el 75 % y afirman que un trabajador por cuenta propia tiene solo el 3 % de probabilidad de pasar a un empleo asalariado normal. Sin abaratar y simplificar el paso a la formalidad, como lo señala el vicepresidente Restrepo, el salto desde la informalidad va a ser casi imposible.
El expresidente de Asofondos, Santiago Montenegro, lleva muchos años argumentando que el salario mínimo colombiano es elevado frente al salario medio y, sobre todo, frente a la productividad de una gran parte de los trabajadores: “Cuando el costo legal de contratar a alguien supera lo que ese trabajador puede producir, la empresa no necesariamente paga el salario más alto: muchas veces no lo contrata formalmente (…) para millones de informales, el verdadero salario mínimo legal es, en la práctica, ‘cero’, porque están fuera del sistema formal”. Montenegro igualmente ha afirmado que una legislación laboral muy generosa puede parecer extraordinariamente progresista vista desde el escritorio de quien ya tiene contrato, prestaciones, vacaciones, cesantías y pensión, pero vista desde la perspectiva del vendedor ambulante, del jornalero, de la empleada por días o del joven cuya productividad inicial no permite justificar todos esos costos, se convierte en una formidable barrera de entrada.
Apostilla 1. Dentro de su fanatismo, la exfuncionaria Susana Mohamad deja entrever que el vandalismo hace parte de la “libertad de expresión”, desentendiéndose del Artículo 265 del Código Penal y el Artículo 140 de la Ley 1801 del 2016. Argüir que violar la ley es un “derecho constitucional” es dejar en evidencia su tosca ignorancia.
Apostilla 2. Debo confesar que la aerolínea Avianca no me gusta y dentro de lo posible evito volar en ella. No me gusta la mínima distancia entre las filas de sillas, ni la menesterosa política de no brindarle al pasajero ni un vaso de agua. Sin embargo, si la amenaza de los zurdos de no volar en Avianca es en serio, voy a reconsiderar mi decisión.