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El analista Eduardo Porter, en reciente artículo de Bloomberg, se hace una serie de preguntas relevantes sobre los intentos de los países menos desarrollados para salir de su relativa pobreza: ¿Existe un camino factible hacia el desarrollo para el mundo de los pobres? Y en caso de existir, ¿cómo es? y ¿qué hacemos si no lo encontramos? Estos interrogantes también se los ha planteado Dani Rodrik, economista de Harvard.
La respuesta de Porter sorprende: olvidarse de la industrialización tradicional y de la agricultura como foco principal del desarrollo, y concentrarse en políticas industriales, pero no a gran escala sino para el sector servicios. El fruto inevitable del encuentro entre el capital del mundo rico y la mano de obra barata que pronosticaban los economistas no se dio, pues la economía industrial moderna no tuvo mayor necesidad de mano de obra barata y no calificada. Las economías construidas en torno a las materias primas y a la agricultura moderna, con pocos vínculos con otros sectores de la economía, generan poco empleo. Para Porter, por razones de la creciente automatización global, las estrategias exitosas del pasado están condenadas al fracaso. En 1980, el PIB per cápita en América Latina era el 42 % del ciudadano de los siete países más ricos (G7), hoy solo es del 29 %. Porter afirma que las recomendaciones de las grandes empresas de consultoría globales de “invertir en capital humano como prerrequisito para ser más productivos y unirse a las cadenas de valor globales, no son aplicables a los países que no pueden darse el lujo de que todos sus hijos terminen la escuela secundaria, y mucho menos que vayan a la universidad”. Como diría Donald Rumsfeld, “los países pobres necesitan estrategias de desarrollo para los trabajadores que tienen, no para los que prefieren las empresas consultoras”.
La recomendación de Porter es concreta: al promover las empresas de “servicios”, los mismos negocios, cuando lleguen a una masa crítica lo suficientemente importante, encontrarán los medios para ingresar a la economía formal y crecer, impulsando el empleo, y anclando una clase media nacional que, a su vez, proporcionaría un mercado interno más grande para sus servicios. “El camino no es obvio: se necesitan políticas para aumentar la productividad de un sector relativamente improductivo que tiene pocos incentivos para mejorar. Estos negocios son generalmente pequeños y, a menudo, informales (minoristas, restaurantes, tal vez clínicas y hoteles) limitados por una base de consumidores nacionales pobres y una inversión limitada, extranjera o nacional”, afirma Porter.
La reforma laboral que se está presentando al Congreso, en Colombia, si bien les da apoyo a las empresas de “servicios”, enfrenta varios peligros. El analista Armando Montenegro, en reciente columna en El Espectador, los señala: “La transferencia de recursos públicos a personas y microempresas de la ‘economía popular’ —aquellas que hoy no tienen acceso al crédito ni participan en los circuitos de la economía moderna— puede aliviar, en el corto plazo, las dificultades de gente que hoy está sumida en la informalidad, la pobreza y el rebusque. Pero, sin un programa de transición, orientado a lograr su vinculación a la economía formal, sin medidas complementarias que eliminen los obstáculos para hacerlo, muchas empresas pequeñas se conformarán con los subsidios y desistirán de los objetivos de crecer, adquirir tecnología y vincularse al grueso de la economía colombiana”.
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