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Para nadie es un secreto que las Farc-Ep secuestraron en grande. Contamos con relatos periodísticos, artículos y libros académicos que lo explican, lo miden y comparan, una copiosa literatura testimonial, fuentes militares, asociaciones de víctimas, leyes antisecuestro, sentencias e informes del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Por si lo anterior no fuese suficiente, está el archivo visual del secuestro. ¿Quién no recuerda las verdes cárceles de la selva, rodeadas de alambres de púas?
¿O las pruebas de supervivencia, con los candados al cuello de los mal llamados rehenes? ¿O las camisetas de los familiares en todo tipo de marchas, con estampados de sus secuestrados esperando en la selva? ¿O los álbumes, también familiares, que mamás y padres guardaron durante hasta 14 años?
¿O las pescas milagrosas?
Les decían “retenciones económicas o políticas”, pero siempre se trató de secuestros. De la Séptima Conferencia (1982) a la Octava (1993), las Farc-Ep pasaron con poca timidez del secuestro como posibilidad al secuestro como necesidad. Lo que era una práctica más bien marginal en comparación con otros delitos se convirtió en una estrategia.
Desde que el objetivo fue financiar el crecimiento de las tropas y tomarse el poder por las armas, el secuestro de civiles, militares, políticos, funcionarios y extranjeros se tornó rutinario.
Pues bien, la JEP decidió en el auto del caso 001 que los antiguos jefes del Secretariado cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad asociados a la privación de la libertad de sus secuestrados. Es decir, el tribunal reitera lo que ya se sabía, pero necesitábamos escuchar en boca de los representantes de la justicia transicional.
Habrá espacio para que los miembros del Secretariado contesten e incluso viene en camino más material de acusación para los mandos medios, pero, si todo sigue el curso esperado, a las víctimas de secuestro se les habrá dado el lugar que merecen.
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