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Vuelve a amenazar el Gobierno de Duque con el glifosato y vuelven también los informes de investigación que comprueban, por enésima vez, que la aspersión aérea no solucionará el problema de los cultivos ilícitos.
La relación costo-beneficio en el uso del glifosato es inferior a otras opciones disponibles. El efecto globo opera al sur del país (cuando bajaron los cultivos en Putumayo subieron en Nariño, etc.). Ese efecto hace parte de la historia de la región andina (bajaron en Perú y Bolivia, subieron en Colombia, etc.).
El glifosato es una sustancia potencialmente cancerígena. Como mínimo, hay denuncias de enfermedades respiratorias, digestivas y dermatológicas. Contamina fuentes hídricas, afecta cultivos de pancoger, deteriora suelos y ecosistemas.
Según las comunidades indígenas, el glifosato pone en riesgo a erizos, armadillos, venados… e igual el Gobierno insiste. En algún punto habrá que cambiar el sentido del debate. La suficiente ilustración sobre el tema permite que nos preguntemos qué es exactamente lo que el Gobierno busca con una estrategia que además de cruel es inútil.
En épocas del Plan Colombia y la boyante DynCorp, los Estados Unidos invirtieron buena parte de la ayuda económica en sus propias compañías de seguridad privada para que se encargaran de asperjar en grande con glifosato. La política antinarcóticos fue igual de inútil que siempre, pero desplazó cantidades inenarrables de colombianos y produjo resultados contrainsurgentes. Unas por otras, pensarían.
Acá ya no están las guerrillas que se solían etiquetar de “narcoterroristas” para legitimar todas las formas de lucha (incluido el paramilitarismo), pero el Gobierno pretende volver a un uso del herbicida prohibido en cualquier otro país.
Desde el punto de vista de la estrategia, el diagnóstico es preocupante: ante lo que llaman convenientemente “narcotráfico” y por encima de los pactos de paz firmados en La Habana con las Farc-Ep, el que cultive coca será tratado como antes.
La declaración de una guerra biológica.