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En el debate de Caracol TV Colombia decide su seguridad ambiental, el título de la convocatoria y la presentación confusa de Juan Roberto Vargas y María Alejandra Villamizar dejaron en claro la complejidad y la urgencia de un mayor conocimiento de lo ambiental (ecológico); no tratarlo con claridad confunde, sobre todo al hacer preguntas distintas a cada candidato: Claudia López, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Mauricio Lizcano. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella no asistieron al debate.
La seguridad ambiental es un título llamativo, pero induce a una consideración antropocéntrica de la naturaleza, como proveedora de recursos y servicios, y, en consecuencia, a cuidar la biodiversidad, los bosques, los suelos, el agua y el aire, pues estos garantizan seguridad personal, laboral o nacional.
El debate se centró en el apremiante tema de la destrucción de los bosques naturales (Amazonia y otros) y la ampliación de la frontera agrícola, realizada por comunidades presionadas por el narcotráfico y la minería ilegal. La magnitud del ecocidio –bien conocida– debe ser tratada por las Cortes de manera inmediata, pues constituye un crimen grave contra la naturaleza y la sociedad.
Enfatizar los temas anteriores dirige la mirada a regiones alejadas de los centros de poder y deja en la penumbra las causas estructurales, nacionales y globales, de la crisis socio-ecológica. Esto conduce a buscar respuestas urgentes, rápidas y pragmáticas, como usar regalías mineras para la conservación, pero desconoce los impactos socio-ecológicos inmediatos y a largo plazo de las soluciones propuestas.
A pesar de las dificultades del debate y de algunas propuestas radicales –como fumigar cultivos con glifosato o emprender acciones drásticas con la fuerza pública–, en cierta medida se pudieron relacionar con el modelo de crecimiento y consumo sin límites, los procesos de destrucción de bosques y ríos por actividades ilícitas y la explotación ganadera descontrolada.
Algunas ideas para acuerdos políticos urgentes serían: cuidar la naturaleza, apoyar a las víctimas y a las comunidades, atender sus necesidades, formalizar sus actividades, que el Banco de la República tenga el monopolio del manejo del oro, implementar una verdadera reforma agroecológica, descentralizar el Estado, buscar opciones de desarrollo sostenible, ordenar el territorio, actualizar el catastro, garantizar la actuación de las instituciones y cumplir el Acuerdo de Paz.
La falta de disposición al debate y a la búsqueda real de consensos democráticos de la mayoría de los candidatos y sus equipos, así como la resistencia a superar egos, odios y modelos anacrónicos o autoritarios para enfrentar las profundas transformaciones y los graves problemas socio-ecológicos actuales –acelerados por la IA y agravados por los cambios internacionales–, deja dudas sobre un posible acuerdo cuando un presidente electo lo proponga, pues en ese momento la correlación de fuerzas será asimétrica a favor de quien controle el poder ejecutivo.
Se olvidarán las medidas urgentes de transición y adaptación para enfrentar los impactos y efectos socio-ecológicos del cambio global en todo el territorio nacional, y continuarán las discusiones, las luchas políticas y la violencia, mientras la naturaleza actúa implacable. Una tragedia anunciada.
