Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Si se hunde el proyecto de ley que establece la jurisdicción agraria de aquí al 20 de junio, cuando concluye esta legislatura, será porque los partidos de oposición (Centro Democrático, Cambio Radical y algunos liberales, conservadores y miembros del Partido de la U) insisten en desbaratar el quórum en el Congreso. Si eso ocurre, la oposición le habrá ayudado inmensamente al presidente Gustavo Petro a conseguir argumentos para que se vote su embeleco de la Constituyente.
Ese proyecto es inconveniente y riesgoso por demás, ya que, de aprobarse en este momento de extrema polarización, puede llevar a que una nueva constitución sea impuesta por uno de los dos extremos del espectro político, y suceda una de dos cosas: o que se apruebe la reelección y entremos en una era petrista interminable, o que gane la derecha, como sucedió en Chile, y se eliminen los derechos consagrados en la Constitución del 91, que convirtieron la constitución colombiana una de las más avanzadas del mundo.
El proyecto de ley de la jurisdicción agraria se radicó en agosto de 2024, y es uno de los complementos principales del Acuerdo de paz firmado hace diez años entre el gobierno Santos y las FARC. Pero ahora, ad portas de su aprobación, está a punto de hundirse por la oposición feroz de los sectores retardatarios del país, los mismos que acabaron con la reforma agraria que el presidente Carlos Lleras Restrepo realizó durante su presidencia, a finales de los años 60.
El punto fundamental de discordia es el artículo noveno del proyecto que propone entregarle a la Agencia Nacional de Tierras facultades para resolver procesos sobre baldíos y distribución de tierras. Eso implica que se realicen trámites a través de la vía administrativa y no que sean siempre los jueces los que tomen unas decisiones que, por lo general, se demoran décadas.
Como lo dijo Humberto de la Calle en reciente columna publicada en este diario, “el deseo de la SAC pidiendo que siempre haya un juez disfraza en el fondo una actitud que termina favoreciendo el statu quo”. Y más adelante agregó: “el clamor por la presencia de los jueces en todos los casos disfraza el deseo de que todo cambie para que nada cambie”.
Y el expresidente Juan Manuel Santos manifestó de manera enfática: “el Congreso de la República debe aprobar la Ley de Jurisdicción Agraria. Es su obligación, su responsabilidad y sería una buena manera de despedir esta legislatura. Es una ley que trae grandes beneficios para el agro y para Colombia”.
Por fortuna, en las últimas horas, la insistencia en el mensaje de urgencia por parte de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, al Congreso, finalmente caló, y pusieron el proyecto como prioridad para que se discuta el miércoles, al cierre de esta columna. Pero ya más de cinco veces las bancadas que se oponen a la jurisdicción agraria han roto el quórum. No obstante, esas mismas bancadas tienen interés en que se discutan otras iniciativas, lo cual podría permitir que esta vez, finalmente, haya quórum y se vote. Es lo mínimo que podrían hacer en bien del país esos partidos y esos políticos que, para defender sus intereses personales, se empeñan en frenar la posibilidad de que prosperen los campesinos y se aclimate la paz en el territorio.
Nota: Nos va a hacer falta Germán Vargas Lleras. En este país tan escaso de líderes vamos a extrañar su capacidad de hacer que las promesas se cumplan, su liderazgo. Va mi abrazo para Clemencia, Enrique y José Antonio.
