Muchísimo que hacer

Buen futuro en el Pacífico colombiano, un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, denuncia que en esa zona del país –que los analistas dividen en Pacífico Nariñense, Pacífico medio y Chocó– las cifras de suicidio e intentos de suicidio de niños, niñas y adolescentes de comunidades étnicas son un fenómeno altamente preocupante. Basta con dos ejemplos, extraídos de investigaciones del Instituto Nacional de Salud: en el primer semestre del 2025, hubo allí 351 intentos y 83 suicidios consumados; en el Chocó, particularmente, los intentos han subido de manera escandalosa: 55 en 2021, 64 en 2022, 90 en 2023, 121 en 2024 y 123 en 2025. No hay que subestimar los intentos de suicidio, porque son síntoma de profunda desesperación, depresión y otras enfermedades mentales, o angustiosos llamados de socorro cuando se siente que ya no se puede más.

No es para nada difícil suponer que el suicidio o su intento tienen mucho que ver con los problemas estructurales de unas regiones donde confluyen pobreza, violencia, falta de acceso a la salud y poquísimas oportunidades de estudio y trabajo. Como bien dice el informe de la Defensoría, tan acertadamente manejada por Iris Marín, “la conducta suicida en esta región no es una decisión individual, es el síntoma de un territorio donde los determinantes sociales (…) afectan el derecho al buen futuro”. Pensemos en un muchacho o una niña que deben recorrer largos trayectos para llegar a la escuela, que corren el peligro de ser reclutados por los grupos al margen de la ley o que están siendo coaccionados por bandas delincuenciales urbanas, y que además ven en su casa pobreza, o son víctimas o testigos impotentes de violencia intrafamiliar. Dos o más factores de esta naturaleza en la vida de niños, niñas y adolescentes los convierten en personas vulnerables, que en su mayoría no saben cómo o a quién pedir ayuda.

¿Saben ustedes qué disponibilidad de profesionales de salud mental –de acuerdo a la misma Defensoría– hay en la región pacífica? 20,6 psicólogos y 3,3 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, mientras la OCDE recomienda un porcentaje 40 sicólogos y 18 psiquiatras por los mismos cien mil. Agréguenle a eso el prejuicio o la ignorancia de los adultos sobre la enfermedad mental y su atención médica, la vergüenza, el silencio por temor al estigma o a parecer débiles, la minimización de los síntomas, la demonización.

Las estadísticas, claro está, no se pueden equiparar de forma mecánica, pero de todos modos hay otra investigación reciente, esta vez de Medicina Legal, que arroja luces adicionales. Las cifras revelan la dimensión del abuso en niños, niñas y adolescentes, esta vez a nivel nacional. El titular de un artículo sobre el tema señala que, en promedio, “se realizan 40 exámenes diarios a menores presuntamente abusados”. Eso en lo relativo a abuso sexual. Pero también se mide la violencia, encontrando que la más acusada es la interpersonal –las estadísticas muestran que la masculina dobla a la femenina– seguida de la intrafamiliar, en la que las víctimas son, en un 75 %, mujeres. Los expertos hablan de la necesidad de crear en estas regiones entornos seguros que propicien proyectos de vida con oportunidades. Como dice César Vallejo “¡Ah! desgraciadamente, hombres humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer”.

Nota del editor: En este enlace se pueden encontrar líneas de atención gratuita para casos de salud mental e ideación suicida en cada departamento del país.