Barbosadas

Dos declaraciones del fiscal general esta semana confirman que este funcionario está utilizando políticamente su cargo a niveles poco antes vistos en Colombia. Y eso que en el pasado otros fiscales también abusaron de su función, pero lo de Barbosa ha llegado a extremos increíbles.

La primera declaración fue el miércoles: Barbosa dijo que citará la próxima semana al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, para que señale las condiciones en que se reunió con Iván Márquez. La tesis del fiscal es que Rueda podría haber cometido los delitos de omisión de denuncia y obstrucción a la justicia, por cuanto Iván Márquez tiene órdenes de captura vigentes en su contra y Rueda no denunció su paradero ante la Fiscalía, pero esa tesis es realmente tirada de los cabellos. Desde hace años hemos aceptado que los comisionados de paz entablen conversaciones exploratorias reservadas con integrantes de grupos armados ilegales, como la Segunda Marquetalia de Márquez, a fin de determinar si es posible o no llegar a una negociación formal. Esa facultad está explícitamente establecida en la vieja Ley 418 de 1997, reformada y prolongada por la Ley 2272 del año pasado, que señala en su artículo 8 que quienes estén autorizados por el Gobierno, como obviamente lo está el alto comisionado para la paz, pues es su función esencial, pueden entablar acercamientos y conversaciones con esos grupos.

La segunda declaración fue contra el anuncio del Gobierno de que le serían otorgadas recompensas a aquellas personas que denuncien eficazmente delitos electorales, especialmente la compra de votos. Barbosa consideró que ese anuncio gubernamental invade las competencias de la Fiscalía ya que la estaría desplazando en la investigación criminal, y que podría dar lugar a investigaciones penales por peculado o falsa denuncia en caso de entrega de dineros por denuncias sin sustento.

Esta oposición ruidosa de Barbosa también carece de soporte. Desde hace décadas hemos aceptado que los gobiernos y la Policía ofrezcan recompensas por denuncias o colaboraciones para esclarecer un crimen. Eso no desplaza a la Fiscalía, pues una vez el Gobierno o la Policía reciben la información, deben comunicarla a la Fiscalía, que procederá a investigar. Y obviamente si hay un pago indebido de recompensas, porque la denuncia resulta falsa, los funcionarios y ciudadanos involucrados deberán responder.

Barbosa puede discrepar de una posible negociación con la Segunda Marquetalia, o pedir mayor transparencia en la paz total y una mejor articulación de esta política con las investigaciones de la Fiscalía. Barbosa puede también considerar que la estrategia de recompensas es nociva por cuanto impide la formación de una cultura ciudadana de denuncia de los delitos como un deber democrático y no como una consecuencia de pagos. Todas estas serían posiciones respetables de un fiscal general. Incluso muchos podríamos compartir algunas de esas eventuales críticas, pero lo que es abusivo es que Barbosa obstaculice la política de paz o la estrategia de recompensas por delitos electorales recurriendo a anuncios estridentes de que la Fiscalía podría abrirles investigaciones penales a distintos funcionarios del gobierno Petro, como Rueda, cuando esos anuncios carecen de sustento jurídico. Son “barbosadas”.

Esto muestra que Barbosa, con una mezcla de arrogancia y debilidad en formación jurídica, y luego de su total condescendencia con el gobierno de su amigo Duque, busca ser el jefe de la oposición a Petro para ambientar así una futura carrera política. Difícil un peor uso político de la Fiscalía.

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Por transparencia, aclaro que puedo tener sesgos contra Barbosa, pues en enero de 2020 me opuse a su elección como fiscal general por su triste paso en la consejería de derechos humanos con Duque.

(*) Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.