El triple ataque contra la JEP

La primera busca acortar drásticamente el periodo de funcionamiento de esta jurisdicción. Lo limita de 15 a 10 años pues establece que la JEP terminará en marzo de 2028, mientras que la regulación actual señala que ésta tendrá hasta marzo de 2033 para terminar su actividad jurisdiccional. Este recorte le impediría culminar los procesos que están avanzados, pero no han sido sentenciados: varios macrocasos en temas tan sensibles como violencia sexual y varios juicios a máximos responsables que no han aceptado responsabilidad. Todas estas atrocidades quedarían muy probablemente en la impunidad.

La segunda reforma establece que las condenas de la JEP contra los militares serían revisadas por la justicia penal militar, que podría revocarlas. Esto es inaceptable porque la justicia militar no es una justicia independiente sino un sistema de disciplina castrense. Por ello la Corte Constitucional y todas las instancias internacionales de derechos humanos han establecido que la justicia militar no debe juzgar graves violaciones de derechos humanos porque no ofrece garantías de debido proceso ni a las víctimas, ni a la sociedad, ni a los propios procesados.

Estas dos reformas no sólo contradicen el Acuerdo de Paz, que no debería ser modificado unilateralmente por el Estado, sino que además son negativas: generan riesgos de impunidad y de desconocimiento de los derechos de las víctimas. Además, implican inseguridad jurídica para quienes hoy son comparecientes, en especial para los militares, que podrían quedar a disposición de la Corte Penal Internacional. Recordemos que esta Corte cerró su investigación preliminar porque valoró positivamente los avances y las posibilidades de la JEP. Al ver este triple recorte que enfrenta hoy esta jurisdicción (presupuestal, de tiempo y de competencias), esta Corte podría abrir un caso formalmente en Colombia, en especial contra los militares.

La JEP es un elemento clave del Acuerdo de Paz por cuanto debe permitir un cierre jurídico del conflicto armado con las extintas FARC al establecer las responsabilidades penales de los máximos responsables de las peores atrocidades. En estos años ha logrado avances significativos: aclaró judicialmente cómo operaba esa máquina de muerte que fueron las FARC y logró que los máximos responsables de esa guerrilla aceptaran sus culpas, fueran condenados y ya deben empezar a cumplir sus sentencias. Altos mandos militares, incluso generales, han reconocido sus responsabilidades en atrocidades como los falsos positivos, cuya dinámica también fue esclarecida con precisión por la JEP.

En estos años, Dejusticia ha defendido estos avances de la JEP, pero le hemos formulado igualmente muchas críticas, por ejemplo, por sus demoras en llegar a las primeras sentencias o por su tentación de expandir sus atribuciones más allá de lo establecido por el Acuerdo de Paz, lo cual ha implicado un aumento de sus costos. Estos debates sobre la JEP, incluido el relativo a su presupuesto, son legítimos y la propia JEP debería aceptar la posibilidad de estas críticas, sin arrogancia y con humildad republicana. Pero debe tratarse de discusiones encaminadas a mejorar el funcionamiento de esta jurisdicción, en beneficio de las víctimas y de la seguridad jurídica de los comparecientes. Y no de usar la amenaza presupuestal para ahogar esta clave jurisdicción, como lo ha hecho la coalición gubernamental. Ojalá se logre en el Congreso una discusión razonable y fundada en evidencia sobre los dineros requeridos por la JEP y se retiren estas dos inaceptables reformas constitucionales.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.