La Corte, los reincorporados y el Gobierno

La sentencia SU-020/22 de la semana pasada, que declaró el “estado de cosas inconstitucional” (ECI) por los asesinatos y amenazas contra los excombatientes reincorporados de las ex-Farc, es al mismo tiempo obvia, pues no descubre nada nuevo, pero es igualmente de trascendental importancia, por su posible impacto. Explico esta aparente paradoja.

La Corte declara un ECI cuando i) existe una violación masiva de derechos fundamentales de una población que ii) no deriva de hechos aislados sino de un incumplimiento de obligaciones de ciertas autoridades, por lo cual iii) las tutelas individuales no sirven y es necesario iv) que el juez constitucional formule órdenes generales a las autoridades relevantes.

La situación de seguridad de los reincorporados es crítica, pues más de 300 han sido asesinados. Y si bien el año pasado hubo una reducción, su número siguió siendo muy alto: 54, es decir, más de uno semanal. Y en todo caso el récord del Gobierno Duque es pésimo: 2019 y 2020 son los peores años con 78 y 74 asesinatos respectivamente.

Esta grave situación de inseguridad de los reincorporados es compleja y deriva de varios factores pero uno de ellos es que el gobierno se ha negado a aplicar vigorosamente el punto 3.4 del acuerdo de paz, que creó un “sistema de garantías de seguridad” para los desmovilizados y los líderes sociales, con medidas de protección individual y colectiva y con mecanismos institucionales como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Duque, en vez de ponerle el acelerador a ese punto, lo frenó drásticamente, no sólo por su antipatía al acuerdo, sino porque supuestamente tenía mejores estrategias. Pero sus estrategias han fracasado como lo muestran las cifras de asesinatos de reincorporados y líderes sociales.

La sentencia constata esos hechos, que habían sido señalados anteriormente por la misión de verificación de la ONU en Colombia y por el Consejo de Seguridad. Estas instituciones han hecho igualmente llamados al cumplimiento del sistema de garantías del acuerdo. Era obvio que el ECI debía ser declarado a fin de que la Corte le ordenara al Gobierno, entre otras cosas, poner en marcha ese sistema de garantías y cumplir el acuerdo. Sin embargo, esto no le resta importancia a la sentencia por el impacto que puede tener.

La Corte ha declarado en el pasado una decena de ECI frente a problemas diversos, como la situación de las cárceles, los derechos de los desplazados, los concursos para notarías o la demora en los trámites en Colpensiones. Algunos de estos ECI, como los de Colpensiones o los notarios, fueron levantados pues la situación mejoró mucho. En otros casos, como con los desplazados, el ECI se ha mantenido por años y sólo ha habido levantamientos parciales pues la situación sigue crítica.

A pesar de esos resultados diferenciados, el consenso académico es que los ECI tienen en general un impacto enorme y positivo, en especial si, como en esta ocasión, la Corte retiene competencia para monitorear el cumplimiento de la sentencia. Así, la declaración del ECI pone el problema en el centro del debate nacional y obliga al Gobierno a reaccionar. Las órdenes y el monitoreo de la Corte generan discusiones sobre el tema, en las que participan además otros actores, como la academia o la sociedad civil, provocando una “jurisprudencia dialógica” que mejora la transparencia y la calidad de las políticas públicas.

El Gobierno Duque, que ha avanzado mucho en ciertos componentes de la reincorporación de excombatientes, tiene hoy la oportunidad de superar esta terrible falla en la garantía de seguridad y la vida de los reincorporados. Es la obligación mínima que asume el Estado en cualquier proceso de paz. Esta oportunidad no puede desaprovecharse.

(*) Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.