Memoria, elecciones y víctimas

En las últimas semanas hubo una polémica intensa sobre el nombramiento del profesor Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Este debate remite a una discusión general de gran trascendencia: ¿cómo deben operar y estar diseñadas las instituciones públicas que tengan como responsabilidad proteger la memoria sobre las atrocidades ocurridas en un país?

Algunos cuestionamos que Acevedo dirigiera el CNMH no porque sea de derecha, sino por otra razón: nos parecía contradictorio que alguien que no cree que haya habido conflicto armado en Colombia fuera director de una entidad que debe, por mandato legal, como lo establece inequívocamente la Ley 1448, investigar y documentar las atrocidades “ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”. Su nombramiento equivale a que una persona que no crea en las vacunas sea la directora de un programa nacional de vacunación.

El propio Acevedo y algunos miembros del Centro Democrático, como el senador José Obdulio Gaviria, descalificaron los cuestionamientos a su nombramiento con trinos que sugerían que las objeciones provenían de sectores de izquierda derrotados en las pasadas elecciones. Argumentaron que entonces esos sectores esperaran las nuevas elecciones y, si la izquierda ganaba, pidieran el nombramiento de un director de izquierda.

Estos trinos muestran que para ciertos grupos políticos la memoria es un asunto electoral y de puro poder: quien gana las elecciones tendría derecho a rehacer la historia y la memoria conforme a sus posiciones políticas.

Esta visión, que recuerda las peores prácticas estalinistas, es inaceptable en una sociedad democrática, pues no solo es divisiva socialmente, sino que además desconoce el derecho de las víctimas a que se esclarezca, hasta donde sea posible, la verdad de las atrocidades y a que la memoria de esos hechos sea preservada.

Es claro que la historia no es una ciencia exacta y que pueden existir controversias honestas y razonables sobre ciertos períodos. Pero una cosa es admitir esa posibilidad de discrepancias sinceras sobre el pasado y otra muy distinta es defender la posibilidad de que los gobiernos de turno rehagan la historia a su antojo.

Las instituciones públicas encargadas de la documentación y preservación de la memoria de un pasado de atrocidades no deberían, entonces, depender de los gobiernos, sino tener una autonomía semejante a la de una universidad. Sus directivas no deberían ser nombradas por el presidente, sino por un consejo directivo autónomo, integrado por académicos y organizaciones de víctimas, como sucede, por ejemplo, en el Museo de la Memoria en Chile.

Es entonces un error que el CNMH dependa del Gobierno y que su director sea nombrado por el presidente. Ese defecto pasó inadvertido hasta ahora porque el presidente Santos nombró como director a una persona de la independencia y calidad profesional y humana de Gonzalo Sánchez, quien ejerció ese cargo en forma impecable. Si Duque hubiera nombrado a un Gonzalo Sánchez de derecha, ese defecto no hubiera saltado a la vista. Pero el actual proceso de selección puso en evidencia que el director del CNMH no debe ser de libre nombramiento del presidente. Eso debería ser modificado. Y mientras ese cambio ocurre, insisto en una propuesta que hice: que en vez de imponer y mantener a Acevedo, el presidente Duque nombre un nuevo director del CNMH de una terna elaborada por los rectores de las principales universidades acreditadas del país. Ese procedimiento dotaría al director elegido de la confianza de las organizaciones de víctimas y de credibilidad académica, que son calidades necesarias para ejercer idóneamente el cargo.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.