En mi última columna critiqué la posibilidad de que Abelardo de la Espriella (ADLE) se posesionara en una guarnición militar por considerar que es una expresión de militarismo que choca con las mejores tradiciones democráticas, que se fundan en que la Fuerza Pública está subordinada al poder civil y que el presidente es un funcionario civil, cuyo mandato proviene de la voluntad popular y no del poder de las armas. Sin embargo, a pesar de críticas como las mías y las de otros analistas y políticos, como Rafael Nieto Loaiza o Jennifer Pedraza, el Senado aprobó esa posesión militarizada con el argumento de que se trataría de un simple gesto de apoyo a nuestras Fuerzas Militares.
Esta objeción es pobre pues desconoce que nuestras Fuerzas Militares, que merecen nuestro respeto, pueden ser apoyadas de mil formas, tanto a nivel simbólico como material, sin tener que militarizar la vida social. Es más, algunos amigos militares en retiro me han expresado que una posesión presidencial en una guarnición militar, en vez de ser un apoyo a las Fuerzas Militares, las debilita porque las mete en el centro de controversias políticas polarizadas. Una cosa es entonces apoyar a la Fuerza Pública y otra muy distinta pretender militarizar nuestra vida política y social. Ojalá la Cámara rechace esa posesión militarizada.
Sin embargo, más allá de lo que pase en el Congreso, la minimización que algunos han hecho del impacto antidemocrático de recurrir a los símbolos marciales por fuera del ámbito militar me lleva a comentar otro gesto castrense problemático de ADLE: el uso reiterado del saludo militar y su exigencia de que sus subordinados y sus ministros también lo hagan, como lo muestra la foto que ha circulado de los integrantes de su futuro gabinete.
Algunos pensarán que esos gestos no ameritan una discusión seria, sino que son dignos únicamente de burlas debido a la forma equivocada en que casi todos hacen ese “saludo militar”, que deja claro que estos hombres y mujeres, que hoy quieren parecer muy marciales, no prestaron el servicio militar porque allí hubieran aprendido a ponerse firmes y a saludar en forma correcta. Pero no creo que sea un tema menor, no sólo por el evidente poder de los símbolos en las dinámicas sociales, sino porque el uso del saludo castrense en el ámbito civil desconoce otro principio constitucional: que, entre el presidente, sus ministros y los demás integrantes del gobierno, que también son civiles, no existe una jerarquía militar sino civil. Esto tiene claras consecuencias: un militar está sometido a la “obediencia debida”, según la cual debe obedecer toda orden, incluso si le parece absurda o inconstitucional, salvo si ésta implica la comisión de atrocidades, como torturas o desapariciones. Recuerdo que, cuando presté el servicio militar, nos decían constantemente: en el Ejército las órdenes se cumplen o la milicia se acaba. Por el contrario, en el ámbito civil, la obediencia es reflexiva y por ello todo subordinado debe abstenerse de cumplir una orden manifiestamente inconstitucional. El artículo 91 de la Carta señala que en “caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta”, pero aclara que eso no sucede con los militares, ya que en esos casos “la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden”. ¿Será entonces que ADLE aspira a una obediencia irreflexiva del tipo militar por parte de todos los servidores públicos?
Así como en su momento muchos criticamos que el presidente Petro usara símbolos bélicos en las polémicas políticas, como su recurrente e insensata referencia a la atroz bandera de “guerra a muerte” de Bolívar, quienes tengamos convicciones democráticas deberíamos oponernos a esa militarización simbólica de nuestra vida política pretendida por ADLE.
* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.
