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Bobbio dijo alguna vez que la democracia busca conjurar la violencia con la regla de mayoría, que consiste en “contar cabezas en vez de cortar cabezas”. Esto obviamente requiere un sistema electoral confiable, pues si hay dudas sobre si las cabezas fueron bien contadas, entonces algunas fuerzas políticas podrían rechazar el resultado electoral, recurrir a la violencia y muchas cabezas empezarían a ser cortadas.
Por eso debemos tomar en serio los problemas del conteo de votos en estas elecciones de Senado, que han sido mayores que en el pasado. Pero debemos también rechazar las declaraciones irresponsables de los expresidentes Uribe y Pastrana de que hubo un fraude masivo y tiene que haber un reconteo general, porque no hay evidencias de fraude masivo y un reconteo general agravaría la situación.
El problema ha sido que en el escrutinio el Pacto Histórico está obteniendo más votos y logrando tres curules más en el Senado que frente a los resultados del preconteo anunciado el 13 de marzo. Esto puede generar sospechas de trampa, pero es absurdo y contraintuitivo pensar en un fraude masivo hecho por la oposición, que por definición está por fuera del poder. Los fraudes, cuando ocurren, los organizan quienes controlan los resortes del poder. Además, la MOE ha explicado convincentemente que esa discrepancia deriva de errores graves del registrador en el diseño del formulario E-14, así como en la capacitación de los jurados y de la empresa que transmitió los resultados para el preconteo. Todo esto generó un error sistemático en el preconteo en detrimento de los partidos con lista cerrada, en especial el Pacto Histórico.
La tesis del fraude masivo de la oposición es puro cuento de Pastrana y Uribe, quienes se resisten a un triunfo de la izquierda. Su propuesta de reconteo general, que parece buena para salir de cualquier duda, en realidad es pésima pues agrava la situación.
Nuestro régimen electoral no prevé reconteo general y, por ello, el Consejo de Estado ha dicho en varias sentencias que los reconteos deben hacerse sobre mesas específicas y por razones concretas. Si el Consejo Electoral ordena un reconteo general, corremos el riesgo de que posteriormente el Consejo de Estado lo anule por falta de sustento jurídico. El peor escenario posible.
Además, un reconteo general no es una operación fácil: no es simplemente volver a contar unos pocos votos en la elección de un consejo estudiantil, sino millones de votos en diversas partes del país. Y no hay regulación clara ni ninguna experiencia previa.
Nadie sabe entonces cómo realizar ese reconteo, lo cual suscita preguntas difíciles: ¿cómo asegurar la cadena de custodia de votos? ¿Debe citarse a los jurados para que recuenten? ¿O lo harían las comisiones escrutadoras? ¿Con nuevos escrutadores o con los anteriores? ¿Cómo asegurar que estén testigos de los partidos? Etc., etc., etc.
Estos riesgos e incertidumbres, juntados a la falta de base jurídica, hacen de un reconteo general un salto al vacío que, en vez de dotar de mayor legitimidad y transparencia estas elecciones, agravaría los problemas y las tensiones. Es entonces mejor seguir, a pesar de sus imperfecciones, con el escrutinio que es más garantista, pues está regulado, prevé reclamos de los partidos y que haya reconteo de las mesas en donde existan razones para dudar de que los votos hubieran sido bien contados.
Sin embargo, debemos evitar un desastre semejante en las elecciones presidenciales. Dos propuestas: la renuncia del registrador por su incompetencia y porque no brinda garantías a nadie. Y que todos los candidatos se comprometan a aceptar los resultados electorales, sin perjuicio de que presenten las reclamaciones permitidas por nuestro ordenamiento jurídico.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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