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El conflicto armado colombiano está atravesado por una dolorosa paradoja: es una guerra que en muchas ocasiones se ha hecho a nombre del campesinado pero que en realidad, por sus impactos, ha terminado siendo una “Guerra contra el campesinado”.
Este es el título y la tesis esencial del informe presentado a la Comisión de la Verdad el pasado 15 de marzo por siete de las principales organizaciones campesinas colombianas —ANUC, ANZORC, CNA, Fensuagro, la Mesa de Unidad Agraria y la Mesa Campesina del Cauca integrada por PUPSOC y CIMA—, con el apoyo del Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana y Dejusticia, como organizaciones acompañantes.
El informe, cuyo resumen ejecutivo está disponible en nuestras páginas web y será hecho público en algunas semanas, muestra que de los más de 7 millones de desplazados, más de 4,6 millones fueron campesinos o campesinas, esto es el 64 %. Y que más de 252.000 sufrieron otro tipo de violencias, que es el 58 % de todas las otras víctimas de nuestro cruel conflicto armado.
Esta guerra ha sido contra el campesinado no sólo por esa dramática dimensión cuantitativa sino, además, como lo desarrolla el informe, por cuanto el conflicto armado ha reforzado sus condiciones de exclusión y discriminación, lo cual ha incrementado los déficits de reconocimiento, redistributivos y de representación que ha enfrentado. En efecto, uno de los impactos y patrones fundamentales de victimización del campesinado ha sido el silenciamiento de sus demandas —por ejemplo, por la tierra— y la estigmatización y persecución de sus organizaciones, declaradas objetivos militares por los distintos actores del conflicto o señaladas por autoridades estatales como aliadas de la guerrilla o del narcotráfico. Todo esto resquebrajó la participación democrática del campesinado y redujo sus posibilidades de inclusión social y política, a pesar de su resiliencia y su capacidad de reinvención frente a las violencias y las adversidades.
Esta tesis de que el conflicto armado ha sido una guerra contra el campesinado no niega que es posible que, en términos relativos, en relación con el tamaño de su población, los impactos de la guerra contra indígenas o comunidades afrodescendientes puedan resultar más intensos. Sin embargo, en términos absolutos, el campesinado ha resultado la principal víctima de este conflicto armado.
El informe presenta entonces numerosas propuestas para reparar al campesinado por la victimización sufrida y para superar las discriminaciones que enfrenta, como la implementación plena de la reforma rural integral del Acuerdo de Paz, el robustecimiento de las formas de territorialidad campesina ya previstas en la ley pero precariamente implementadas, (como las zonas de reserva campesina), la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos del Campesinado, la elaboración con el campesinado y sus organizaciones de una política pública robusta a su favor, el fortalecimiento de los programas de sustitución de cultivos, etc., etc.
La evidencia comparada muestra que la mejora sustantiva de las condiciones de vida del campesinado —por ejemplo, a través de una reforma agraria— es clave para consolidar la democracia y lograr un desarrollo más robusto, incluyente y sostenible. Por ello, un criterio esencial para escoger por quién votar en las elecciones presidenciales debería ser si el candidato se compromete con políticas y reformas profundas en pro del campesinado, como las propuestas por sus organizaciones. Si esta guerra ha sido contra el campesinado, entonces la paz que queremos construir debe ser a su favor, no sólo porque la justicia lo exige sino también porque es bueno para el país.
Fe de errores. En una versión inicial de esta columna se cambió por equivocación el nombre del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana, Cali. Disculpas a los lectores.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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