Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El gobierno decidió adoptar el Presupuesto General de la Nación por decreto en vez de negociar con el Congreso su aprobación. Es un paso que perturba un principio fundamental de la democracia: tanto la tributación como el gasto deben ser aprobados por los representantes del pueblo. A las calificadoras de riesgo y a los inversionistas en general les preocupa que el gobierno actúe arbitrariamente contra de las normas de su constitución.
La administración Petro ha estado purgando la tecnocracia que ha manejado las empresas públicas y entidades claves como el Departamento de Planeación Nacional, Ministerio de Hacienda y las grandes empresas públicas que requieren de técnicos, que no de políticos. El desorden se manifiesta en ministerios como el de la Igualdad, que cuenta con cinco viceministerios para una entidad que todavía no tiene funciones definidas.
La ideología del presidente rechaza la explotación de los recursos naturales en aras de salvar el globo, lo cual puede tener consecuencias negativas para el futuro del aprovisionamiento de petróleo y gas. Puede suceder que la gente no pueda movilizarse adecuadamente ni cocinar con combustibles baratos y seguros. Obedeciendo la ideología del presidente, Ecopetrol rehusó participar en la explotación de un yacimiento de Estados Unidos mediante el proceso de fracking o fracturación hidráulica de rocas que contienen petróleo. Aunque el proceso presenta riesgos por posibles fugas de gas metano y actividad sísmica en las áreas circundantes, la tecnología ha avanzado y reducido los posibles efectos adversos.
El gobierno enfrenta problemas de credibilidad en la forma como ha manejado Ecopetrol, cuya junta directiva ha entrado en crisis con la renuncia de dos de sus nueve miembros ante los virajes de política que ha hecho su gerente. La calificadora de riesgos J.P. Morgan pasó de grado “neutral” a “infra ponderación” para la empresa colombiana, lo que implica, entre otras cosas, que la administración se aleja de los intereses de sus accionistas. La calificación se usa cuando el rendimiento de la acción es menor al del sector o está “por debajo de su índice de referencia”. El precio de la acción se redujo de $1.940 a $1.840 entre el 25 y el 26 de septiembre, más de 5 % en un solo día.
Según el expresidente de la empresa estatal Felipe Bayón, “no es una situación fácil, sobre todo porque cuando se pierde la confianza, es muy difícil volver a recuperarla”. En la Bolsa de Valores de Nueva York, donde también cotiza la petrolera colombiana, cada ADR pasó de los 9,15 dólares en la mañana de este miércoles a cotizarse a 8,76 dólares el jueves, una caída cercana al 6 %. El ADR es un certificado que permite a los inversores norteamericanos negociar en acciones de compañías cuyas sociedades fueron constituidas fuera de Estados Unidos.
La rebaja en la calificación refleja las preocupaciones sobre el desafiante entorno operativo en Colombia, que está afectando el desempeño de la compañía liderada por Ricardo Roa. J.P. Morgan citó múltiples razones para la rebaja, incluido un “entorno geopolítico turbio” caracterizado por bloqueos frecuentes e interrupciones causadas por las voladuras del oleoducto por el ELN. Además, Ecopetrol enfrenta márgenes estrechos debido a dificultades para aumentar los precios del combustible, una situación exacerbada por paros en protesta contra el aumento en el precio del diésel. Otro factor mencionado por J.P. Morgan fue un “posible conflicto de agencias”, evidente en la decisión de Ecopetrol de no adquirir una participación relevante en un activo (CrownRock) al que tenía acceso y que le permitiría aumentar sus operaciones de fracking en Estados Unidos, todo debido al prurito presidencial a favor de la naturaleza global.
De acuerdo con J.P. Morgan, esta decisión podría reflejar diferentes prioridades entre la administración de la compañía y sus partes interesadas que son los socios mayoritarios de la empresa: los ciudadanos colombianos que no tienen voz en decidir los destinos de Ecopetrol.
Conoce más
