Los derechos laborales frente a un clima que cambia aceleradamente

Pensar el derecho laboral desde Nuquí cambia la perspectiva. Allí resulta evidente que el trabajo no ocurre separado del clima ni de los ecosistemas. La pesca, el turismo, el transporte, la agricultura, los servicios públicos y muchas economías locales dependen de condiciones ambientales que ya están cambiando. En el panel sobre justicia climática y relaciones de trabajo, abordamos con representantes de PNUD, OIT y WRI la crisis climática, los derechos fundamentales y las brechas territoriales; la informalidad, la protección social y el estrés térmico; y el papel de los sindicatos, la reconversión laboral y la justicia frente al cierre o transformación de actividades económicas.

Mis aportes se concentraron en tres escalas de riesgo conectadas, aunque distintas. La primera es la del trabajador. El calor, las inundaciones, los incendios, el humo o la escasez de agua afectan su salud, seguridad y capacidad de trabajar; pero esos riesgos no se distribuyen de manera homogénea, dependen del oficio, la región, la edad, el género, las condiciones de salud, la formalidad laboral y la posibilidad de detener una actividad sin perder el ingreso diario.

La segunda escala es la de las empresas y organizaciones. La crisis climática puede reducir la productividad, dañar instalaciones, interrumpir operaciones y afectar proveedores, vías, puertos, energía y abastecimiento de agua. El riesgo climático atraviesa cadenas completas de suministro y puede comprometer la continuidad de sectores productivos.

La tercera escala es la economía en su conjunto. Cuando se debilitan la producción de alimentos, el transporte, la energía, la salud o los servicios públicos, los impactos dejan de ser sectoriales y los vemos en PIB, impuestos y deuda. Entonces surgen nuevas preguntas para el derecho laboral ¿quién asume el costo cuando trabajar deja de ser seguro, pero suspender la actividad significa perder ingresos?

Durante siglos, los ecosistemas han funcionado como un seguro frente al clima. Manglares y corales amortiguan oleajes; humedales y bosques regulan el ciclo del agua, moderan las temperaturas y estabilizan suelos. Pero ese seguro se está erosionando por la acción combinada del calentamiento global y la pérdida acelerada de biodiversidad. Restaurar ecosistemas no es solo conservar la naturaleza: es invertir en adaptación climática, proteger empleos y reducir riesgos económicos.

Los eventos recurrentes y anunciados tampoco pueden seguir tratándose como totalmente imprevisibles. Los pasados eventos de El Niño y La Niña han dejado cifras, sobrecostos, pérdidas, interrupciones y poblaciones expuestas. El Niño que hoy se intensifica debe llevarnos a usar esa memoria para anticiparnos.

Los ministerios de Hacienda, Comercio y Trabajo, el DANE, el Banco de la República, los gobiernos territoriales, los gremios y los sindicatos deberían revisar qué riesgos estamos asumiendo, quiénes cargarán con sus costos y qué inversiones necesitamos. Adaptarnos exige cuidar a quien trabaja, preparar a quien produce y restaurar los sistemas naturales que hacen posible la economía.