Señor presidente, la austeridad es un fetiche

La palabra fetiche viene del portugués feitiço y se usaba originalmente para referirse a un hechizo o sortilegio. Con la llegada del colonialismo portugués a África durante los siglos XV y XVI, feitiço se convirtió en el término que usaron los colonos para nombrar los objetos y rituales sagrados de las comunidades indígenas. Con el tiempo, la palabra fetiche degeneró en sinónimo de superstición o falsa religión, teniendo en cuenta que los colonos asumieron ser practicantes del único dogma que consideraron legítimo: el cristianismo. Si en un principio el término fetiche internalizaba un prejuicio colonial occidental, siglos más tarde, Marx le daría un giro de 180 grados, alegando que la sociedad occidental capitalista, presuntamente racional y secular, había convertido a las mercancías en fetiche. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la austeridad?

En los años 70 y 80, con la consolidación del neoliberalismo como ideología hegemónica, y luego en la década de 2010, la austeridad –es decir, la idea de recortar el gasto como fin en sí mismo, aún a costa de la inversión social– fue presentada como la única política económica racional. De ahí que los defensores de la tesis de la austeridad, como los colonos portugueses en África, acusaran a los promotores del Estado de bienestar –el Estado que garantiza derechos sociales mediante el gasto público– de adorar falsos dioses. Pero, como la sociedad capitalista a los ojos de Marx, ignoraron que eran ellos quienes veneraban un fetiche: la austeridad. A la larga, como sugiere el historiador económico Peter Lindert en Growing Public, las políticas sociales que redistribuyen el ingreso no necesariamente frenan el crecimiento e incluso pueden llegar a favorecerlo.

Abelardo de la Espriella llegó al poder pregonando, con el fervor de los ascetas, el dogma de la austeridad, repitiendo las consignas de uno de sus santos de devoción: Javier Milei. Para nombrar tan solo un ejemplo, el Presupuesto General de la Nación presentado por el gobierno de De la Espriella, si bien aumenta el monto total, prevé un recorte de 7,62 billones al presupuesto para la paz, lo que representa una reducción del 37 %. Para colmo, la coalición de gobierno, liderada por Salvación Nacional –herederos del laureanismo, otra falsa religión–, presentó un proyecto de ley que pretende quitarle 170.000 millones de pesos al sistema de justicia transicional. En conjunto, los recortes dejan al Estado maniatado para cumplir con compromisos constitucionales en temas como acceso y formalización de tierras, transformación social de los territorios, reincorporación de excombatientes, sustitución de cultivos ilícitos y participación política. De entrada, no cumplir con sus propios compromisos convierte al Estado en un actor poco confiable a la hora de negociar con grupos armados. Y todo mientras que el gobierno de De la Espriella promueve una Ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales. ¿Quién va a confiar en un Estado que no cumple su palabra? Peor aún, los recortes ponen en jaque el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, a la vez que suponen una sentencia para el desarrollo rural en los territorios más golpeados por la guerra, una de las raíces del conflicto armado. Por eso, la austeridad con respecto a la paz es una forma de perpetuar la guerra.

El argumento principal del gobierno es que los tiempos fiscales no lo permiten. Pero De la Espriella tiene a su favor una aplanadora legislativa para sacar adelante la reforma tributaria que se le antoje. Tampoco es cierto, como tanto se alega, que en el país no haya margen para subir impuestos. Colombia recauda alrededor del 20 % del PIB mientras que los países de la OCDE, en promedio, recaudan alrededor del 34 %. ¿No se supone que es a estos países que queremos parecernos? Lo cierto es que con tal de predicar la austeridad, los apóstoles de este dogma están dispuestos a mantenernos en el rezago.

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