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La JEP les debe explicaciones a los colombianos. Según la senadora María Clara Posada, ha costado 3,8 billones de pesos y producido 21 sentencias, de las cuales apenas cuatro estarían en firme. Frente a semejante cuenta, sus defensores deberían exigir resultados antes de denunciar ataques contra la paz. Los contribuyentes financiaron una promesa de justicia. Tienen derecho a preguntar cuándo terminará de cumplirse.
Las preguntas empiezan por sus oficinas. Posada denunció contratos de arrendamiento de Torre Squadra por 160.005 millones de pesos entre 2017 y 2026, incluyendo los suscritos por el Fondo Colombia en Paz. Una cifra de esa magnitud exige demostrar que se escogió la alternativa más conveniente. Invocar la dignidad de las víctimas no explica cuánto cuesta el edificio donde se administra su espera.
La explicación resulta todavía más urgente porque, según la denuncia, ese edificio fue escogido para concentrar la operación en una sede. Después contrataron otra por 10.730 millones para 2024-2026. La planta inicialmente proyectada en 1.057 personas había llegado a 1.455. La promesa de concentración terminó en dos sedes. La burocracia encontró espacio para crecer mientras las respuestas que reclaman las víctimas seguían pendientes.
Ese crecimiento tiene una factura. Posada reportó una nómina de 404.477 millones para 2026 y señaló otros 39.721 millones en servicios sin suficiente discriminación durante el primer semestre. Corresponde aclarar esos rubros, sus alcances y posibles superposiciones. Pero resulta inadmisible exigir que los colombianos acepten cada gasto como intocable. La autonomía judicial no concede patente para gastar sin explicaciones ni exonera del deber de austeridad.
La severidad con las cuentas debería acompañarse de igual severidad con los resultados. Sigifredo López sigue reclamando verdad sobre el asesinato de sus compañeros, los diputados del Valle. Su inconformidad destruye la comodidad de hablar de las víctimas como si todas aplaudieran al tribunal. La JEP debe responderle con esclarecimiento verificable. Ningún organigrama, contrato o ejecución presupuestal sustituye la verdad sobre aquellos asesinatos.
Ingrid Betancourt agrega otro reclamo: falta de reparación e intimidaciones de antiguos comandantes contra las víctimas, sin respuesta suficiente del tribunal. Son denuncias que exigen investigación y decisiones. Los beneficios excepcionales deben depender del cumplimiento estricto de obligaciones. Si los responsables conservan sus ventajas mientras las víctimas siguen reclamando, la justicia transicional corre el riesgo de convertirse en una administración permanente de privilegios.
Ese riesgo aparece también al examinar las sanciones. Organizaciones de víctimas cuestionaron las actividades en el cementerio de Pitalito porque reclaman búsquedas donde estarían sus familiares, en enterramientos clandestinos. La objeción merece más que fotografías de antiguos comandantes trabajando. Una sanción debe acreditar restricciones efectivas y utilidad reparadora. Convertir cualquier actividad pública en prueba de justicia degrada la gravedad de los crímenes que pretende sancionar.
La JEP debe someterse a un examen severo de gastos, resultados y sanciones. Debe corregirse cuanto haya fallado y revisarse cada beneficio ante incumplimientos probados. Ninguna institución merece un cheque en blanco por haber nacido de un acuerdo de paz. Después de billones comprometidos, las víctimas merecen respuestas. Los colombianos no tienen por qué financiar indefinidamente la distancia entre una promesa solemne y su cumplimiento.
Por Santiago Vélez Posada
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