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Sobre este particular se han pronunciado en señal de protesta más de 100 ONG rurales de nuestro país y en carta dirigida al señor presidente, doctor Iván Duque, manifiestan: “Estamos seguros de que no es este su talante sobre el sector rural, esperamos sabrá corregir tan craso error en el menor tiempo posible”.
Es inaudito y decepcionante que en la votación inicial, realizada en la comisión tercera de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para la aprobación de los derechos fundamentales de los campesinos hubiesen votado 117 países a favor, siete en contra y 49 abstenciones, entre ellos Colombia.
El funcionario que cometió semejante error de abstenerse de votar los derechos fundamentales de los campesinos en la ONU debería renunciar de inmediato a su cargo, puesto que está demostrando total ignorancia sobre lo que es la Colombia rural, desconociendo las necesidades de millones de campesinos que día a día trabajan la tierra, desprovistos de las más mínimas garantías de nuestro Estado de derecho.
Para conocer los derechos fundamentales de los campesinos, además de su origen, se debe tener claridad sobre las políticas que deben implementarse, traducidas en planes y programas de desarrollo en la etapa del posconflicto, que es de proyectos productivos con fundamento en el manejo del recurso humano frente a los diferentes procesos de desarrollo.
Hablar de los derechos fundamentales de los campesinos es algo tan justo y humano que pretender desconocerlos es echar por la borda todas las políticas del sector rural, en el que desde siempre, con engaños y mentiras, se vienen alimentando las ilusiones de sus habitantes al fragor de las campañas políticas.
Estos derechos no son producto de un capricho politiquero; son programas fundamentales que deben ser elevados al rango de leyes nacionales e internacionales, que vienen gestándose desde hace siglos a la luz de los convenios y las diferentes organizaciones que reclaman a gritos se les reconozcan, pero también se les señalen deberes y obligaciones como campesinos.
Que nuestro Gobierno se hubiese negado inicialmente a votarlos cuando fueron aprobados por la ONU —de la cual forma parte nuestro país— es echar por la borda todas las políticas que desde siempre se han venido implementando para el mejor bienestar de los habitantes de la Colombia rural, tanto de hombres como de mujeres, que por la diversidad de sus actividades requieren de toda una definición específica y concreta a la luz de los planes y programas de desarrollo de proyectos productivos.
Es justo reconocer que los derechos fundamentales de los campesinos son una lucha de trabajo tesonero que sus líderes a través de organizaciones jurídicas vienen sosteniendo desde hace siglos, reclamando con justificada razón se les reconozcan para trabajar la tierra con dignidad, rodeados de todas las garantías sociales que les permitan vivir junto con sus familias en mejores condiciones.
Es verdaderamente vergonzoso para nuestro país, pero muy especialmente para la Colombia rural, que el Gobierno se niegue a votarlos, toda vez que se están debatiendo en la ONU como uno de los logros que a nivel mundial favorecen a la población rural.
Es entendido que para próximos días en la asamblea de protocolización y oficialización los países que se negaron o abstuvieron de votarlos lo hagan, para así evitar hacer el oso frente a los demás gobiernos del mundo, que están mirando en Colombia el desarrollo de la etapa del posconflicto, producto del acuerdo de paz celebrado entre el gobierno Santos y la guerrilla de las Farc —hoy convertida en partido político legalizado y reconocido por las autoridades electorales—.
En nuestras columnas siempre hemos abogado por un mejor bienestar para nuestros campesinos, lamentablemente estos temas nunca tienen eco en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, puesto que es un organismo que siempre ha estado al vaivén político de las circunstancias, razón por la cual no es nada extraño que quienes orquestaron semejante desatino sean los burócratas de siempre.