Como lo anunciara el defensor del Pueblo hace pocos días, las cifras oficiales más recientes de muertes de niños por desnutrición en La Guajira son alarmantes. Sólo en el primer trimestre del año en curso han muerto 16 niños por desnutrición o por causas asociadas a ésta. El incremento es significativo si se lo compara con las tres muertes de infantes ocurridas durante el mismo período del 2017. El Instituto Nacional de Salud informó que, en comparación con el 2016, las muertes de niños indígenas por desnutrición en el 2017 habían disminuido en un 49 %. ¿Por qué súbitamente se disparó esta cifra? Para ser sinceros, ninguna entidad oficial tiene hoy la respuesta.
Los factores que generan la compleja situación de malnutrición en la península son diversos y se encuentran interrelacionados. Entre ellos se encuentran la profunda crisis del modelo económico pastoralista de la sociedad wayuu, que no será resuelta con simples programas asistencialistas; la situación de crisis económica y política en el país vecino, que lleva al retorno no cuantificado de miles de indígenas wayuus a sus territorios de origen sin ser detectados por los organismos oficiales de control fronterizo; los efectos del cambio climático y el sobrepastoreo, que aceleran la desertificación del territorio guajiro; la desconexión espacial entre la alta Guajira y el resto del departamento y el país, que incide en el difícil acceso a algunos alimentos; la carencia de agua potable en los miles de asentamientos indígenas dispersos en el norte de la península; la propia desarticulación de las instituciones oficiales que tienen responsabilidad en el tema, y el repetir acciones institucionales que se estrellan contra una situación compleja y cambiante. Adicionalmente, la población wayuu en Colombia se ha más que duplicado desde 1992 y hoy puede superar los 400.000 individuos, de allí la importancia de aprovechar el actual censo para precisar su número.
Es necesario precisar que, desde febrero de 2017, la salud, el agua potable y la educación, que comprende el Programa de Alimentación Escolar, son administradas por el Gobierno central. En la conducción de estos sectores, la entidad territorial departamental se ve relegada a jugar un rol subalterno. El Gobierno Nacional ha hecho esfuerzos en la organización de la red hospitalaria pública y en su dotación. Sin embargo, el enfoque adoptado para enfrentar las muertes de niños indígenas por desnutrición es poco imaginativo, no se han destinado recursos extraordinarios y sigue siendo el mismo que arroja los mismos dolorosos resultados. Para dar un ejemplo, no hay un equipo de antropólogos, nutricionistas y médicos que estudie, identifique y brinde un marco explicativo de los determinantes sociales que inciden en la desnutrición.
La respuesta gubernamental no puede ser simplemente cosmética y debe concentrarse en enfrentar la malnutrición misma, no sólo en disminuir las muertes. La verdad es que las instituciones públicas involucradas no han acumulado un aprendizaje en esta dolorosa batalla, ni de sus pequeños éxitos, ni de sus persistentes derrotas. Como dice un refrán: “Quien al tiempo de ganar no supo el modo, al tiempo de perder lo pierde todo”.