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La crisis institucional que vive el país por el enfrentamiento del Gobierno con la Fiscalía y la Procuraduría tiene los elementos de una tormenta perfecta. Hay un quiebre de confianza mutua, lo que lleva a poner en entredicho el funcionamiento de las instituciones. Hay razones para múltiples suspicacias y se enrarece más el ambiente por el radicalismo político que ha llegado a extremos peligrosos.
El fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello han cruzado en varias oportunidades las líneas de su competencia para ejercer como líderes de oposición al gobierno Petro. Lo del fiscal ha significado en algunos momentos un total irrespeto a la institución presidencial. El presidente, por su parte, reta a la Procuraduría al no acatar de inmediato la suspensión del canciller. Con respecto a la Fiscalía, ha hecho una denuncia grave sobre las mafias que, según él, han tomado control de secciones enteras de la entidad, una denuncia que debería formalizar en instancias competentes y no mover a través de su cuenta en X. Más allá de los enfrentamientos, las dos entidades de control han tenido razones válidas para abrir investigaciones a entornos cercanos al presidente.
La licitación de los pasaportes, que llevó a la suspensión del canciller, tuvo evidentes problemas. Tanto así que generó también la salida de la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado por las discrepancias en el manejo del episodio. Las razones para que se abriera una investigación son claras. A pesar de las dudas que generan los excesos de la procuradora frente al Gobierno y la laxitud con funcionarios de grupos políticos cercanos a ella, es una decisión institucional que el gobierno debió acatar sin dilación.
El episodio de los dineros recibidos en la campaña por el hijo del presidente Nicolás Petro, y el de los 500 millones de pesos donados por Fecode a Colombia Humana a pocos días de las elecciones, también ameritan investigación. Todo esto debe darse en un debido proceso y sin excesos. Es ahí cuando caben interrogantes porque “la diligencia” de la Fiscalía en estas investigaciones dista mucho del empeño puesto en atender otros procesos y otros delitos que golpean a los ciudadanos. El doble rasero para investigar con fuerza y celeridad en unos casos y dejar de lado o archivar otros, como las denuncias contra la vicefiscal Martha Mancera, incrementa las dudas sobre las acciones de una entidad que debería generar total confianza.
El presidente dice que quieren desestabilizar al Gobierno y llama a sus seguidores a las calles. Mientras tanto, actores de la oposición quieren hacer un juicio político y hay presión de distintos sectores sobre la Corte Suprema para que acelere o dilate la elección de la nueva fiscal. En el ambiente enrarecido, tanto el Gobierno como la oposición se radicalizan. El presidente se encierra al punto que muchos de sus ministros no tienen acceso directo a él y, a pesar de tener algunos logros para mostrar, gasta tiempo valioso en peleas que no son de nivel presidencial. No ha entendido que le corresponde gobernar, ejecutar, gerenciar y ayudar a generar estabilidad.
No entiende tampoco el presidente que su cargo no le da facultad para hacer lo que quiera. El poder presidencial tiene límites y debe someterse al escrutinio público, a la oposición y a los organismos de control. No toda crítica es una conspiración. Entre organismos de control politizados, opositores que quieren sacar al presidente, radicalismo en el ambiente y un Gobierno que ha dado muestras de incapacidad en muchos frentes, estamos ante una tormenta perfecta. Nos queda confiar en la fortaleza de la democracia y hacer llamados para que todos respeten los caminos institucionales.
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