Con su viaje a Colombia, el fiscal Moreno está enviando dos mensajes muy claros. El primero es que su oficina está siguiendo a diario la evolución de los juicios contra los líderes paramilitares y los políticos acusados de tener nexos con ellos. En otras palabras, que monitorea de cerca tanto el proceso de justicia y paz como el proceso de la parapolítica. Y que los tropiezos de uno y otro inquietan profundamente a la CPI y pueden estar poniendo a Colombia en su mira.
En la práctica, la visita representa una respuesta en tiempo real a los preocupantes obstáculos que han surgido en el camino de los dos procesos. De un lado, puede ser leída como un espaldarazo a la Corte Suprema de Justicia ante las críticas provenientes del gobierno por los juicios de la parapolítica.
Así se infiere del texto de la carta envida por el fiscal al Embajador colombiano en La Haya, que le formula sin rodeos el siguiente interrogante: “¿cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluyendo a dirigentes políticos y miembros del Congreso presuntamente vinculados a los grupos desmovilizados?”
De otro lado, la visita es un campanazo de alerta sobre la lentitud y resultados muy limitados de los procesos contra los jefes paramilitares, especialmente después de la extradición de muchos de ellos a Estados Unidos.
De ahí que el fiscal pregunte en su misiva al gobierno “si la extradición de los líderes paramilitares presenta algún obstáculo en la eficaz investigación de los mencionados políticos”. Tres meses después de la extradición de catorce cabecillas del paramilitarismo, la realidad parece darle la razón a los críticos que advirtieron sobre la dificultad de impulsar a distancia el castigo a los parapolíticos y de lograr la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.
El segundo mensaje de la visita de Moreno es que, si Colombia quiere evitar llegar a los estrados de la CPI, el Estado debe apuntar al castigo y desactivación del fenómeno paramilitar como un todo, incluyendo sus estructuras de apoyo económico y político. Como se sigue del artículo 25 del Estatuto de Roma, por los delitos de lesa humanidad (como las masacres y los desplazamientos forzados) responden no sólo aquéllos que empuñaron las armas, sino también los que encubrieron, financiaron o colaboraron con esa actividad criminal.
Aquí, de nuevo, el mensaje del fiscal parece endosar la tarea de las cortes colombianas (específicamente la Corte Suprema y la Corte Constitucional), cuyas decisiones han impedido el tratamiento penal más restringido del fenómeno paramilitar propuesto por el gobierno a lo largo de los años.
La elocuencia de los dos mensajes es reforzada por la velocidad con la que el fiscal Moreno ha organizado su viaje y reaccionado a la coyuntura colombiana. Si se tiene en cuenta que la CPI ha sido criticada por su lentitud frente a denuncias sobre otros casos –como el de las atrocidades cometidas en Sudán, Uganda o Congo, sus rápidos reflejos frente a estos recientes acontecimientos dejan poca duda de su interés por el caso colombiano.
Se sienten, entonces, pasos de animal grande. Pasos que deben llevar al gobierno, la Fiscalía, los jueces y demás autoridades a redoblar el esfuerzo por garantizar los derechos a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas. El Estado colombiano aún está a tiempo de corregir la marcha. De lo contrario, la posibilidad de que el caso de Colombia llegue a los estrados de la CPI parece ser cada vez menos lejana.