Ventajas para los secuestradores

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EN DÍAS RECIENTES, ANTE LA DIFIcultad de lograr la libertad de cientos de secuestrados, el Gobierno comenzó a reconocer incentivos a los secuestradores pertenecientes a grupos ilegales que abdiquen y regresen a la vida civil en compañía de los plagiados.

En efecto, son ya varios los casos en que los ilegales han recibido recompensas, condiciones seguras de vida incluso en el exterior y un tratamiento jurídico que, si bien no constituye amnistía o indulto, sí les ha permitido obtener la libertad inmediata. En desarrollo de lo anterior, ha anunciado el Gobierno, por boca del Comisionado de Paz, que se estudia una fórmula que consiste en una combinación de la Ley de Justicia y Paz, sobre acuerdos humanitarios, y las normas de orden público que permiten decretar la suspensión de la pena. Aún no se conocen los textos precisos.

Hay que reconocer que hasta ahora esta política parece estar teniendo éxito, al menos a niveles intermedios de la guerrilla. Enhorabuena se ha producido en los últimos días la libertad de algunos secuestrados, aunque algunos llevaban menos de un mes en cautiverio, lo que despierta algunas inquietudes y hasta sospechas, fuera de ser muestra de la persistencia en la comisión de este abominable crimen por parte de las Farc, pese a su discurso en torno al acuerdo humanitario.

Para imprimirle mayor envergadura a este asunto, el propio Presidente ha anunciado, al menos en dos ocasiones, una de ellas desde la capital de los Estados Unidos esta semana, que al propio secretariado de las Farc se aplicarían estos beneficios. En toque un tanto melodramático se refirió incluso al Mono Jojoy.

Hay voces que resienten un cambio tan radical de actitud en el presidente Uribe, que de ser implacable frente a la guerrilla pasa ahora a pensar en dejar en la impunidad gravísimos crímenes de lesa humanidad. A esto ha respondido el Gobierno invocando la generosidad del pueblo colombiano. Curioso que en el pasado, ante manifestaciones semejantes de quienes impulsan el diálogo, el Gobierno haya respondido con piedras en la mano. O, para no ir tan lejos, que haya deslegitimado procesos de paz como el que se dio con el M-19 y reprochado a los políticos que a él pertenecieron y regresaron a la vida civil, para ahora recibir con brazos abiertos y radicación en París a estos nuevos arrepentidos, sin mirar su pasado criminal.

Aunque es claro que la estrategia del Gobierno está dirigida a lograr el debilitamiento de la guerrilla, propósito loable, y a conseguir la libertad de los secuestrados, algo a lo que ningún colombiano podría sustraerse, la nueva política en materia de secuestro genera muchas inquietudes.

En primer lugar, es posible que delincuentes de menor rango, y algunos inclusive ajenos a las organizaciones armadas, aprovechen la amplitud del Gobierno para obtener pingües beneficios, libertad inmediata y acomodamiento en un país extranjero. Perspectiva tan halagüeña podría, incluso, convertirse en un nuevo incentivo para reactivar la industria del secuestro, en buena hora disminuida por la acción de la Fuerza Pública.

Por otro lado, el afán de conseguir resultados inmediatos puede hacer que se pierda de vista una perspectiva más amplia. La sola idea de una virtual amnistía a los secuestradores (cualquiera sea su ropaje jurídico) emite en el largo plazo un mensaje disolvente.

Esa política podría convertirse en un verdadero desafío a los instrumentos penales internacionales, a lo cual contribuye la ausencia de discusión democrática sobre un paso de tanta trascendencia. Esta es la hora en que se ignora cuál será el papel de la Rama Judicial. No se sabe tampoco si la amalgama de leyes, para producir una normatividad nueva, con pasos tan audaces y discutibles como el acuerdo humanitario individual, corresponda al verdadero sentido de las normas aprobadas en el Congreso.

El Gobierno debería abrir un escenario de discusión más amplio sobre decisiones que pesarán demasiado, quizás para bien, pero de pronto para mal, en el destino de esta Nación. En materias jurídicas, bien es sabido, las buenas intenciones no bastan.

 

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