Cada año menos Plan Colombia

Muy a pesar de que la administración del presidente Uribe insistió hasta el cansancio en que la llegada del presidente Obama a la Casa Blanca no implicaría cambios importantes en las relaciones bilaterales, para el resto del país y de la opinión pública es claro que dicha posición refleja más un acto de negación casi patológico y menos el resultado de una evaluación y análisis rigurosos de los nuevos lazos entre ambos países.

Las prioridades de Washington se encuentran, como fue fácil deducirlo después del discurso sobre el Estado de la Unión de Obama, en el frente doméstico y no en el internacional. El déficit fiscal y la necesidad de responder con el congelamiento del gasto, la lenta recuperación económica y la persistencia del desempleo, son todos factores que han obligado a la potencia a retraer su presencia internacional y reducir sus niveles de asistencia económica, militar y logística. En este momento, el objetivo principal de los demócratas es poner la casa en orden y crear un escenario propicio para la adopción e implementación de una reforma al sistema de salud, que de ser aprobada en el Congreso, va a implicar un gasto adicional de sustanciales proporciones.

Y es que Colombia, desde ningún punto de vista se constituye en una prioridad para la Casa Blanca en la actual coyuntura. En el tema del tráfico ilícito de drogas, el presidente Obama y sectores importantes del Congreso estadounidense han iniciado un proceso de revisión del tradicional esquema prohibicionista que probablemente terminará con una reformulación de la política antidrogas de la potencia. De tal forma que la actual no es una coyuntura que favorezca el esquema de cooperación en asuntos antidrogas entre los dos países, menos aún cuando el discurso del gobierno colombiano parece ir en la dirección contraria y en búsqueda de un prohibicionismo que raya en el fundamentalismo.

La lucha insurgente tampoco parece ser un tema que le quite el sueño al gobierno demócrata. En buena parte porque la rebuscada historia que se inventó el gobierno colombiano para obtener recursos de Estados Unidos, según la cual la guerrilla colombiana es un frente más del terrorismo internacional, ya no tiene audiencia en Estados Unidos. Esa teoría, que vendió tanto durante la administración Bush, hoy pocos la creen en Washington.

La parte del conflicto interno que sí parece estar preocupando cada vez más al gobierno del Norte es la relacionada con las violaciones a los derechos humanos, tema que, paradójicamente, el gobierno colombiano sigue ignorando y tratando con muy poca seriedad. Mientras el Ministro de Defensa en un arranque de furia se niega a un diálogo honesto con algunas ONG como Human Rights Watch, el embajador Brownfield, muy diplomática pero también muy contundentemente, invita públicamente a tratar el tema con más razón y menos emoción.

Así que la reducción de la ayuda no es un castigo, ni tampoco una traición. Es el resultado obvio del proceso interno por el que atraviesa Estados Unidos y del cambio sustancial en materia internacional que ha intentado avanzar el presidente Obama. Sería interesante observar qué tanto está preparado el gobierno colombiano para llevar a cabo autónomamente la tarea de luchar contra el narcotráfico y de derrotar militarmente a la guerrilla. Porque, claramente, la ayuda estadounidense no iba a ser perpetua. El gobierno colombiano dijo que simultáneamente adelantaba un proceso de ‘nacionalización’ del Plan Colombia que contribuiría a disminuir paulatinamente una dependencia poco sana de los recursos estadounidenses. ¿En qué paró eso? Si las cosas siguen como van, seguramente estamos lenta pero irremediablemente marchando hacia el eventual desmantelamiento del Plan Colombia tal y como fue concebido durante la administración Pastrana.