El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió, el miércoles pasado, para revisar el último informe de su Misión de Verificación en Colombia. Para eludir responsabilidades, el régimen de Nicolás Maduro buscó que allí se considerara también la difícil situación en la frontera, entre Arauca y Apure, como si todo hiciera parte de un mismo asunto. El resultado, gracias a la apropiada actividad diplomática, le fue adverso a Maduro.
El gobierno ilegítimo de Venezuela envió en días pasado dos comunicaciones al secretario general de la ONU, António Guterres, y al Consejo de Seguridad, buscando desviar la atención de la muy grave crisis que vive el país vecino. Crisis que es consecuencia de un régimen que continúa anclado en un modelo político y de desarrollo como el cubano, que ya demostró con creces su fracaso. La inexistencia de una democracia, la violación sistemática de los derechos humanos, con la perpetración de delitos de lesa humanidad, como lo han evidenciado la OEA y la ONU, son responsabilidad directa de Maduro. La respuesta del Gobierno de Colombia es la adecuada al no caer en las provocaciones de Caracas, potenciando, por el contrario, el acceso a instancias internacionales. El pasado 12 de abril la Cancillería informó a dicho organismo multilateral la realidad de lo que está sucediendo en la frontera. Era importante que los miembros del Consejo de Seguridad conocieran cómo operan allí grupos criminales, debido a la permisividad del régimen venezolano con el Eln y las disidencias de las Farc. Que estos se beneficien del narcotráfico, del secuestro o de la minería ilegal es culpa de quien detenta el poder allá.
Salvo la previsible defensa que hizo Rusia de Maduro, la propuesta de Caracas no fue tenida en cuenta. A lo anterior se sumó una comunicación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para rechazar las notas enviadas a la ONU por Maduro con respecto a las tensiones y hostilidades en la frontera colombo-venezolana, al decir que “se trata de una estrategia de argumentos engañosos, desinformación y propaganda que busca desviar la atención de la comunidad internacional y eludir su propia responsabilidad (…) los bombardeos aéreos y de artillería, y ataques contra la población civil (…) se explican por la complicidad de dicho régimen con actores criminales y terroristas que se encuentran presentes en territorio venezolano gozando de total impunidad”. Tiene razón.
Colombia hizo bien al no permitir que la desinformación venezolana marcara el hilo del debate ante la ONU. En esta batalla contra los grupos ilegales, la responsabilidad del Palacio de Miraflores sigue enmarañada en una nube de confusión e intereses cruzados. Ante eso, el apoyo de la comunidad internacional debe ser vehemente e irrestricto. Caer en el juego de la dictadura, que busca a toda costa obtener mecanismos de distracción, sería un error estratégico y más en el deseo de ver la democracia regresar al vecino país.
Con respecto al tema fronterizo puntual, para disminuir la tensión bilateral debería explorarse la propuesta del envío de una misión del secretario general de la ONU para que analice sobre el terreno lo que está sucediendo. Ya apoyamos en este espacio una medida similar hace unas semanas, con base en la solicitud de varias organizaciones de la sociedad civil. Es la forma más sensata y legítima de poner freno a los problemas generados por el régimen de Maduro.
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