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La elección de Carlos Bernal Pulido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un error histórico. A una de las entidades más respetadas de América Latina para la protección de los derechos y el respaldo a los grupos históricamente marginados llega un jurista con mucha experiencia en aplicar la ley con sesgos religiosos y, curiosamente, antiderechos. Con su nominación, la administración de Iván Duque sigue demostrando que el Sistema Interamericano solo le sirve para presionar a Venezuela, pero no tiene interés en el nombramiento de personas idóneas.
Bernal Pulido ya les había fallado a los colombianos. Pese a haber sido elegido por ocho años a la Corte Constitucional, renunció a su cargo sin siquiera cumplir la mitad del período. Además, sus razones para semejante desplante a la legitimidad del alto tribunal fueron opacas. A El Espectador le dijo que lo hacía por una oferta laboral en Estados Unidos, para privilegiar a sus hijas, y porque “en los tres años y medio que trabajé en la Corte Constitucional siempre estuve en una posición minoritaria”. Esas explicaciones, insuficientes para alguien que asumió la responsabilidad de servirle al país en el alto tribunal, debieron causar algún tipo de responsabilidad. Pero el presidente Iván Duque, en cambio, decidió nominarlo a uno de los cargos más importantes del continente. ¿Cómo puede el Gobierno hablar de idoneidad en la contratación y promoción de funcionarios cuando situaciones como esta se permiten y hasta se celebran?
Más preocupante aún es que, en sus pocos años de trabajo en la Corte Constitucional, el entonces magistrado Bernal Pulido demostró su desprecio por la protección adecuada de los derechos humanos, especialmente cuando se trata de poblaciones históricamente discriminadas. Sus creencias religiosas, respetables por supuesto en el ámbito íntimo, han sesgado su actuar como magistrado. En un artículo publicado cuando estaba en el alto tribunal escribió que “la Biblia fundamenta el principio de separación de poderes. En efecto, a partir de una reconstrucción conceptual de dicha noción, este trabajo defiende la tesis de que las escrituras atribuyen a los jueces la función de incentivar a las autoridades políticas a comportarse de forma virtuosa para proteger los derechos e intereses de las personas”.
Lo podemos ver en casos puntuales. Cuando una niña de 11 años pidió que la dejaran jugar en un torneo de fútbol, la Corte falló a su favor, pero Bernal Pulido dijo que no se trataba de un acto discriminatorio. Cuando el alto tribunal decidió intervenir a favor de la higiene de las mujeres habitantes de la calle, el ahora comisionado dijo que se trataba de un asunto íntimo que no merecía corrección. Y así se pueden rastrear sus decisiones contra derechos como el aborto y la libertad de expresión.
¿Cómo se reconcilia que la Comisión, protectora de las voces silenciadas, megáfono de las poblaciones históricamente discriminadas, tenga ahora de comisionado a una persona con claros sesgos extremistas? ¿Por qué el Estado colombiano celebra que alguien que incumplió su deber en el país ahora sea nombrado en una instancia internacional?
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