El secretario general de la Ocde, el exministro mexicano Ángel Gurría, manifestó su complacencia con la aspiración colombiana: “El hecho de que Colombia haya expresado hoy al consejo su voluntad para acceder es un muy importante acontecimiento en la vida de nuestra organización”. Gurría señaló que espera que, en “un futuro no muy lejano”, Colombia pueda efectivamente ser miembro de la Ocde.
La postulación tiene un doble propósito. De un lado, el Gobierno la ha usado como un acicate, como una forma de reiterar sus ambiciosas metas de crecimiento económico: el Plan Nacional de Desarrollo plantea, por ejemplo, una meta superior a 6% al final del cuatrienio; de otro lado, el Gobierno pretende enviar un mensaje de seriedad a la comunidad internacional. En palabras del presidente Santos, “nos comprometemos con la Ocde a poner todas las medidas necesarias para cumplir con esos propósitos importantísimos de luchar contra la corrupción y el soborno. Este es un ejemplo de los muchos que tenemos para que Colombia pueda ir mejorando sus políticas públicas y tener el estándar que exige la Ocde para su ingreso”.
Muchos han celebrado la intención del gobierno de Colombia, no sólo como una meta loable, sino también como una muestra indudable de los progresos del país. Varios analistas han insinuado, incluso, que la aspiración constituye, en sí misma, un logro. Se ha recordado, de nuevo, que Colombia fue mencionada hace unos meses como uno de los países con mayor potencial de crecimiento en los años por venir. En general parece existir la creencia de que el desafío del desarrollo está a la vuelta de la esquina, que la tarea ya está en buena parte hecha y que la ruta está despejada.
Pero esta creencia es errónea. Y puede ser peligrosa. Más allá de la diplomacia del secretario Gurría o las buenas intenciones del presidente Santos, hay una realidad innegable, señalada por los técnicos de la Ocde recientemente: el PIB por habitante en Colombia es casi la mitad del correspondiente al país más pobre miembro de la Ocde. Al mismo tiempo, como también fue señalado por la Organización en meses recientes, los niveles de informalidad laboral del país son altísimos, cercanos al 70%; la productividad sigue siendo muy baja, comparada incluso con otros países de la región, y la calidad de la educación preocupante, por decir lo menos. Para acceder al club de países desarrollados no basta con las buenas intenciones.
Hay una línea muy delgada que separa la ambición de la ingenuidad. Mientras el Gobierno está discutiendo su posible ingreso a la Ocde, la mayoría de los analistas, nacionales e internacionales, proyectan una tasa de crecimiento cercana a 4% para los próximos años, muy inferior a la estipulada en el Plan Nacional de Desarrollo. El año pasado, según cálculos preliminares de la Cepal, la economía colombiana creció a una tasa dos puntos por debajo del promedio de la región. Las aspiraciones de mediano plazo del Gobierno son interesantes, incluso loables, pero no parecen coherentes con el estado actual de la economía y con las proyecciones de corto plazo.
Uno esperaría, en particular, que el Gobierno señalara claramente qué va a hacer para crecer más rápido y para resolver los problemas del mercado de trabajo. Sin respuestas claras al respecto, la aspiración a entrar al club de los países desarrollados es una apuesta sin mucho respaldo. En suma, el “futuro no muy lejano” mencionado por el secretario Gurría luce todavía inalcanzable desde el presente.