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La Corte Constitucional acaba de hacer un acto de amor. A pesar de la oposición por parte del Gobierno Nacional, de los pedidos de inhibirse por parte de la Procuraduría y de la campaña de desinformación en el debate público, el alto tribunal expandió el derecho a morir dignamente a través de la eutanasia. En una decisión de seis magistrados contra tres, dirigida por la ponente Diana Fajardo, se dio un gran avance para que este derecho deje de obstaculizarse a través de burocracias inhumanas que solo empeoran el dolor de los pacientes y sus familiares. Ahora el reto está en las entidades prestadoras del servicio de salud y los equipos médicos para que se sacudan sus prejuicios.
En Colombia tenemos derecho a la eutanasia desde 1997, pero, como ha sido costumbre en temas delicados, se crearon mil y una maneras para evitar que se cumpla. En los archivos de la Corte Constitucional abunda el sufrimiento en forma de tutela: personas con enfermedades terribles y sus familiares clamando justicia y celeridad en medio de un sistema lento y engorroso. Muchas personas han terminado muriendo antes de que les sea aprobada la eutanasia, pero después de sufrir meses y hasta años de padecimientos innecesarios.
Adicionalmente, el Congreso de la República demostró una y otra vez su cobardía para legislar sobre el tema. Varios fueron los proyectos que se presentaron para reglamentar la muerte digna y todos se estrellaron contra la negligencia, la inacción o la franca oposición. Al mismo tiempo, esas luchas en el ámbito del debate público fueron acompañadas de personas diciendo que se trataba de legalizar e incentivar el suicidio, de afectar el derecho a la vida e incluso de fomentar que los médicos no cuidaran adecuadamente a los pacientes.
Todas esas situaciones volvieron necesario que la Corte expandiera su jurisprudencia. Uno de los principales obstáculos se concentraba en exigir la presencia de una enfermedad terminal. Ahora eso no será un requisito. Podrá solicitarse con tres condiciones: que haya intenso dolor, que el procedimiento se solicite de manera voluntaria y que lo realice un especialista. Esto, esperamos, debería ser más sencillo y les quita respaldo jurídico a las marañas burocráticas que tantas EPS y hospitales han entablado para negar la eutanasia.
Se trata de una decisión justa. Los casos de eutanasia nunca son un capricho, esconden tragedias familiares y la necesidad de tener autonomía sobre el cuerpo ante dolores insoportables. Como escribió a la Corte el Colegio Médico Colombiano, se trata de un “acto de humanidad, de compasión y de respeto por la dignidad de todos”.
Hace una semana, Ana Cristina Restrepo contó en El Espectador la historia conmovedora de una eutanasia en Medellín. Angélica Lopera, la pareja de la persona que murió, explicó que el momento de la muerte “se convirtió en una bellísima ceremonia: en nuestra casa. Se empezaron a unir las 11 personas a quienes Álvaro me dijo que citara para que lo acompañaran en su hora final: sus hermanos, sus cuñados, su primo del alma con su pareja, su ahijada, mi mamá y mis hermanos”. Fue un momento de madurez y de compañía. Cuando la periodista le preguntó a Lopera si se había arrepentido de ayudar a su pareja a morir, su respuesta no dio lugar a dudas: “Fue un acto de amor”. La Corte acaba de hacer su propio acto esta semana.
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