Según cifras de las Naciones Unidas, con respecto al año pasado el asesinato de indígenas en el país se ha incrementado en un 72 por ciento. De las 77 víctimas de este año, 38 pertenecen al pueblo Awá. Organismos multilaterales y de la sociedad civil denuncian, y no les falta razón, una posible campaña de exterminio contra la comunidad.
En la reciente masacre, perpetrada el pasado miércoles en un resguardo Awá en El Rosario, Tumaco, fueron ultimados 12 miembros de una misma familia, conformada por 5 adultos y 7 niños, entre los que se encontraba un recién nacido. Los sobrevivientes, un joven de 19 años y otro de 10 que huyeron heridos y dieron pronto aviso a las autoridades, afirmaron haber sido víctimas de “hombres blancos, altos, algunos con bigote y vestidos de camuflado, con armas cortas”.
El atroz acontecimiento ha podido evitarse. Hace tres meses Gonzalo Rodríguez, un indígena de la comunidad Awá, fue reportado por miembros del Batallón 23 del Ejército, especializado en operaciones contrainsurgentes, como un guerrillero de las Farc muerto en combate. Su esposa, Tulia García, denunció el hecho como una ejecución extrajudicial y se encontraba vinculada como testigo dentro del proceso judicial respectivo. Pese a haber alertado a las autoridades sobre las amenazas que se ciñeron en su contra, ella, sus hijos y otros familiares fueron las víctimas de la masacre ocurrida el día miércoles. Luis Evelis Andrade, vocero de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), indicó que pese a las denuncias sobre la situación de inseguridad de los miembros de la familia, éstos no recibieron protección alguna.
Además de indignación, la matanza suscita inquietudes. Pese a que hay quienes no descartan la posible participación de algunos miembros del Ejército nacional en los hechos criminales, el gobernador de Nariño, Antonio Navarro, afirmó tajantemente y con buen tino que es prematuro señalar responsables. Contrario a ello, algunos en la comunidad Awá han insinuado la participación de miembros de la Fuerza Pública, y la ONG Human Rights Watch deduce en sus informes preliminares que miembros del Ejército estarían involucrados en la masacre “con el propósito de eliminar e intimidar a testigos de atrocidades”. Con todo, la última palabra la tiene el propio fiscal general encargado, Guillermo Mendoza, quien tras revelar el resultado de las primeras pesquisas ha hecho explícito que los restos de armas encontrados no son propios de los grupos armados irregulares.
Los hechos ponen de presente algunas inconsistencias en el discurso oficial que, al tiempo que resalta su preocupación por el bienestar de las comunidades indígenas, permite que hechos ya anunciados como estos ocurran. De poco sirve que una vez perpetrada la masacre el Ministerio de Defensa ofrezca redoblar la seguridad en el resguardo Awá, cuando las más de 15 familias que lo habitaban ya se desplazaron hacia la cabecera municipal de Barbacoas por temor a ser víctimas de nuevos ataques.
Incidentes como este contradicen de tajo las recientes declaraciones del Gobierno, en las que destaca la “alta prioridad” y protección que reciben las comunidades indígenas. Hasta tanto no superemos la retórica de los buenos propósitos y los indígenas sean cubiertos por algún tipo de política de protección estatal que los exima por completo del conflicto, seguirán siendo objeto de los violentos.