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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme sus primeras dos decisiones en el marco del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Después de resolver 30 apelaciones, por fin podemos empezar a hablar sobre cómo se van a cumplir las penas y de qué forma se va a reparar a las víctimas. Ahora, le corresponde al gobierno entrante, en cabeza de Abelardo de la Espriella, tomar la palabra sobre cómo se va a financiar una etapa procesal que es costosa pero de suma importancia. Aunque en campaña el entonces candidato presidencial hizo discursos en contra de la labor de la JEP, desde su victoria ha moderado el tono. En estas conversaciones será fundamental la voz del ministro de Justicia designado, Iván Cancino.
Incluso desde antes de su creación, la JEP y la justicia transicional fueron motivo de múltiples debates. Eso no ha cesado. Un buen porcentaje de los votantes que llevaron a De la Espriella al triunfo creen que el trabajo de la JEP ha sido problemático. Nosotros, tanto en el cubrimiento periodístico como en estas páginas editoriales, hemos defendido la labor de unos tribunales de paz que, si bien han actuado con mucha lentitud, están aportando espacios esenciales de justicia para las víctimas. En todo caso, nos parece que el punto aquí cambia de tenor: cuando Abelardo de la Espriella y su equipo se posesionen el próximo 7 de agosto, pasarán a representar al Estado colombiano. Eso implica el respeto por sus promesas, como las que se firmaron en el acuerdo de paz. No fue Juan Manuel Santos el que se comprometió a nivel personal, sino que se trató de un compromiso que Colombia le hizo a los firmantes que luego se convirtieron en excombatientes. Esa promesa también se le hizo a las víctimas.
El gobierno entrante ha dado señales de que comprende el hecho de que esta responsabilidad es ineludible. En entrevista con Caracol Radio, el designado ministro de Justicia fue claro: “ahora desde el gobierno no es que nosotros queramos acabar la JEP”. Explicando que su preocupación es por los recursos públicos, Cancino dijo que “hay que revisar unos temas del gasto, aquellos que no estén, obviamente, dentro del acuerdo de paz y que no tengan un soporte constitucional y convencional”. Prometió que las inquietudes serán planteadas en medio de un diálogo, “porque ni más faltaba que el Gobierno se fuera a meter en la independencia de cualquier jurisdicción, ni siquiera de la JEP”. Celebramos ese cambio de tono.
El elefante en la habitación, en todo caso, es que lo que viene para la JEP sí implica cuantiosos recursos. Para cumplir las sentencias, la Contraloría dice que se necesitan al menos COP 500.000 millones, pero hoy solo hay COP 20.000 millones. Otros análisis argumentan que es probable que el monto total necesitado sea mucho mayor. El gobierno saliente de Gustavo Petro tampoco concedió el dinero que le fue solicitado. En 2025, el Fondo Colombia en Paz (que se encarga de las sentencias) pidió COP 1,10 billones para su funcionamiento y COP 2,73 billones para inversión en 2026, pero la administración Petro sólo le dio COP 632.233 millones en total. ¿Qué hará el próximo gobierno, que viene con una promesa de campaña concentrada en el recorte del gasto estatal y la austeridad?
No podemos perder lo que se ha avanzado en justicia transicional. Las sentencias de la JEP que ya quedaron en firme y las que vendrán son un ejemplo para el mundo de cómo se puede reparar a las víctimas de otras maneras. Por supuesto que el nuevo gobierno puede y debe sentarse a dialogar con la Jurisdicción y que, donde sea posible, se realicen recortes. Pero lo que nos parece innegociable es cumplir lo pactado. La palabra de Colombia, como Estado, se encuentra sobre la mesa.
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