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El 12 de abril fue la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Perú. Aún no termina el conteo y, en estas tres semanas, se han conocido irregularidades en la jornada que dejan por el suelo la credibilidad de la autoridad electoral de ese país: hubo unos 1.200 votos perdidos que posteriormente fueron hallados en una bolsa de basura en Lima; intermitencias en la plataforma digital, lo que obligó a los miembros de las mesas a realizar a mano las actas que debían subirse digitalmente, y, en el sur de Lima, Galaga, la empresa contratada para la logística y que ya tenía antecedentes de fallas, entregó tarde los materiales electorales, y unos 55.000 ciudadanos no pudieron votar, por lo que se abrió la posibilidad de que lo hicieran al día siguiente. Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aseguró que se trataba de simples “errores”, pero que la cadena de custodia se mantuvo gracias a la presencia de personal de la Policía y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en su traslado. El JNE dijo que eso era mentira y le puso una denuncia penal a Corvetto, quien acabó renunciando.
La entrega del resultado final se tarda porque la ley peruana permite la impugnación de actas. Esto sucede cuando, por ejemplo, hay una suma mal hecha o algún error de formato en el papel. Aunque se espera que el resultado definitivo se emita a mediados de mayo, se da por sentado que pasarán a segunda vuelta Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La primera lidera con el 17 % de los votos, es del partido de derecha Fuerza Popular e hija del expresidente condenado por violaciones de derechos humanos, Alberto Fujimori; el segundo lleva el 12,04 % y es del partido de izquierda Juntos por el Perú, que respaldó al expresidente Pedro Castillo, ahora condenado tras un intento de autogolpe. Sin embargo, el candidato Rafael López Aliaga, ultraderechista del partido Renovación Popular, que por una diferencia del 0,17 % lleva el tercer lugar, ha impugnado miles de actas y dice que está ocurriendo un fraude electoral en su contra. Dada la coyuntura y la difusión de noticias falsas, es comprensible que en la ciudadanía peruana calen esas teorías.
Perú, marcado por la constante inestabilidad política y ocho presidentes en 10 años, adolece de una desconfianza hacia las instituciones del 90 %. No obstante, las instituciones peruanas no son tan caóticas como se muestra. El mismo JNE, que denunció la negligencia de Corvetto, dijo que el impacto de las irregularidades es mínimo como para anular las elecciones y desestimó la tesis de un fraude. En esto coinciden los observadores internacionales. Por ejemplo, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reconoció que estas elecciones, con 35 candidatos, fueron “las más complejas” de la historia reciente de Perú, pero destacó que se subsanaron debidamente y con premura los errores logísticos. “El escrutinio realizado por los miembros de mesa fue considerado en general transparente y bienintencionado”, añade.
Una nueva falla podría ser la estocada final a la legitimidad del sistema. Los errores de logística, aún sin dolo, lesionan el derecho al voto. La autoridad electoral peruana debe garantizar que el conteo de esta primera vuelta llegue a buen término, sancionar a los funcionarios de conducta negligente y asegurar que bajo ningún motivo ocurran nuevas fallas logísticas. La legitimidad del próximo o próxima mandataria depende, en parte, de que los peruanos tengan certeza de que su voto fue contado.
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